MAD-FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Ignacio González urge un nuevo sistema de financiación para Madrid

El presidente regional madrileño urge a Mariano Rajoy a un nuevo modelo de financiación porque "así lo establece la ley" y así lo acordó hace un año la última Conferencia de Presidentes.
Los presidentes Ignacio González (C. de Madrid) y Alberto Fabra (C. Valenciana) conversan en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP de febLos presidentes Ignacio González (C. de Madrid) y Alberto Fabra (C. Valenciana) conversan en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP de febrero pasado. EFE/Archivo/Emilio Naranjo

El 1 de enero de 2014 es la fecha que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considera debería estar aprobado el nuevo modelo de financiación autonómico más justo y coherente, según establece la ley y acordó el año pasado la última Conferencia de Presidentes.

Los barones populares plantearán hoy ésta y otras consideraciones al presidente Mariano Rajoy en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, tras el malestar que ha desatado en el seno del partido la reciente propuesta de Alicia Sánchez-Camacho (PPC), que reclama una financiación singular para Cataluña.

Modelos de financiación:

Existen dos sistemas de financiación de las CC.AA: el régimen foral y el régimen común.

El primero de ellos, regulado por concierto económico, se aplica en País Vasco y Navarra. Se caracteriza por conceder a las instituciones regionales capacidad normativa en materia tributaria.

El de régimen común es el que opera en las demás autonomías (15 comunidades y dos ciudades autónomas), conforme a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980.

Dentro del régimen general, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla poseen un tratamiento especial debido a factores históricos y geográficos.

La Constitución española, en sus artículos 156 a 158, recoge los aspectos esenciales que deben regir la financiación autonómica y establece como principios básicos la solidaridad, la autonomía financiera y la coordinación con la Hacienda Estatal.

Asimismo, que las comunidades obtengan sus recursos a través de la cesión total o parcial de algunos tributos estatales, propios impuestos, rendimientos de patrimonio, operaciones de crédito y también mediante la transferencia y las subvenciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Carta Magna dispone un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las CC.AA. y provincias, en su caso.

El órgano que coordina la actividad financiera de las autonomías y de la Hacienda del Estado es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, creado en 1980.

Para las comunidades de régimen común, el sistema ha ido por etapas, variando notablemente, sobre todo en los últimos años.

Se ha pasado de la cesión del 15% del IRPF por parte del Gobierno a las autonomías, aprobada en 1992, a compartir buena parte de varios impuestos y participar en los ingresos del Estado.

El último modelo de financiación de las CC.AA. de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía se aprobó en diciembre de 2009.

Con este sistema aumentó el porcentaje de cesión de impuestos del Estado a las autonomías, que pasó del 33% al 50% del IRPF, del 35% al 50% del IVA, y del 40% al 58% de impuestos sobre alcohol, productos intermedios, hidrocarburos y tabaco.

El Gobierno elevó a 11.700 millones de euros los recursos adicionales (frente a los 9.000 millones del sistema anterior). En general, todas las comunidades tendrían más recursos y estarían más cerca de la financiación media per cápita.

El primer modelo de financiación autonómica se acordó en 1986 para el quinquenio 1987-1991.

En 1992 se aprobó por todas las comunidades, excepto Canarias, el sistema para 1992-1996.

Después siguió el modelo pactado por PP y CiU, en 1996, para los cinco años siguientes, con el “sí” de Cataluña, las diez comunidades gobernadas por el PP y Canarias, y el “no” de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, además de Ceuta y Melilla.

El IRPF se dividía en un tramo general estatal y otro regulado por las autonomías, inicialmente del 15% y, del 30%, al transferir las competencias de Educación.

En julio de 2001 se aprobó un nuevo sistema, vigente a partir del 1 de enero de 2002, que cambió algunos artículos de la LOFCA, de la ley de Cesión de Tributos del Estado a las CC.AA. y la que regula el Fondo de Compensación Interterritorial.

También actualizó la Ley General de Sanidad y el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social, para la integración de la sanidad en los servicios públicos prestados por las autonomías y permitir la participación de Ceuta y Melilla.

Dotado con 8,5 billones de pesetas, fijó el año 1999 como base para la contabilidad y el censo de población.

El Gobierno cedió el 33% del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de hidrocarburos, tabaco y alcoholes, y el 100% de los impuestos sobre electricidad y matriculaciones, que se sumaban a los ya cedidos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos patrimoniales y la tasa sobre el juego. EFE/DOC

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