JUSTICIA UNIVERSAL

I Congreso sobre Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, en Madrid

El único fiscal vivo de los juicios de Nuremberg (Alemania) Benjamin B. Ferencz ha defendido la aplicación de la jurisdicción universal ante los intereses políticos y económicos de los Estados que están "por encima de las personas".
I Congreso sobre Jurisdicción Universal en el Siglo XXI, en Madrid

El Congreso de los Diputados puso nuevos limites a la jurisdicción universal, al aprobar el 15 de octubre de 2009 la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que restringe la actuación de la Audiencia Nacional en esta materia a los casos en que existan víctimas españolas o los responsables del delito estén en España.
La reforma se aprobó por mayoría absoluta con los votos a favor del PSOE, PP, CiU, CC, Nafarroa Bai, UPyD y UPN, y en contra del PNV, BNG y ERC-IU-ICV, que consideran que es un paso atrás en la defensa de los derechos humanos.
Durante el debate parlamentario se aprobaron las enmiendas del Senado al proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la legislación procesal, en el que se incluye la modificación del artículo 23 del LOPJ, que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.
Una de las enmiendas aprobadas ese 15 de octubre suprime la inclusión de los “crímenes de guerra” entre los delitos perseguibles en España, que figuraba en el texto que inicialmente salió del Congreso.
En el momento de aprobarse la ley, la Audiencia Nacional tramitaba una quincena de causas bajo el principio de la jurisdicción universal, que van desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet o de crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.
Con la nueva legislación, los jueces de la Audiencia Nacional sólo podrán perseguir dichos delitos cuando exista algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.
Eso limitará su actuación a casos en los que haya víctimas españolas o los responsables se encuentren en España, pero además tampoco podrán actuar si se ha abierto una “persecución efectiva” de los mismos hechos en el país donde se han cometido o en un tribunal internacional.
Igualmente, si el país implicado, o un tribunal internacional, abre otro proceso sobre los mismos delitos, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa.
La aplicación en España del principio de jurisdicción penal universal se estableció tras un fallo histórico del Tribunal Constitucional. En octubre de 2005, el TC falló, respondiendo a un recurso de Rigoberta Menchú, que la justicia española es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas.
La detención en Londres de Augusto Pinochet, a petición del juez Garzón, en 1998, tuvo un gran impacto internacional y supuso un significativo avance del principio de “justicia universal”.
Días después, la Sala de lo penal de la Audiencia reconoció la competencia española para investigar las desapariciones en Chile y Argentina.
La Audiencia rechazó en 2000 la querella de Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz 1992) contra ocho militares guatemaltecos.
En 2003 el Tribunal Supremo estimó el recurso de Menchú y ordenó investigar los hechos que afectasen a españoles. Tras un nuevo recurso de Menchú, el Constitucional falló a favor de la competencia española.
En 2007, el TS consideró – al elevar a 1.084 años la condena impuesta por la Audiencia al ex militar argentino Adolfo Scilingo – que nada impide perseguir en España los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2003.
La Audiencia ha rechazado denuncias contra mandatarios de países, basándose principalmente en la inmunidad del cargo. Fueron desestimadas querellas contra el rey Hassan II de Marruecos (1998), Fidel Castro (1998, 2005 y 2007), Hugo Chávez (2003) y el ecuatoguineano Teodoro Obiang (1998 y 2006). EFE/doc

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