El Gobierno rebaja la tensión antes de revisar la financiación autonómica

A semanas de la Conferencia de Presidentes de enero, que abrirá el proceso de reforma del modelo de financiación, la corrección al alza del objetivo de déficit autonómico para el próximo ejercicio, los pactos con el PSOE y los gestos hacia las comunidades allanan el inicio de una negociación muy compleja
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE/Fernando AlvaradoEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE/Fernando Alvarado

Evaristo Amado

Gobierno y comunidades autónomas iniciarán en 2017 la revisión del modelo de financiación autonómica en un clima político de menor confrontación, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya tratado de tender puentes rotos en la pasada legislatura con medidas como la elevación del tope de déficit permitido para 2017 -vinculado al pacto con el PSOE sobre el techo de gasto- y realizado gestos políticos hacia País Vasco y Cataluña.

La revisión debería haber sido acometida la pasada legislatura, como establecía el modelo cerrado en el año 2008 por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero fue postergada por la crisis económica y la marcada tensión entre el Ejecutivo y las comunidades por la rebaja de la capacidad de endeudamiento permitido para las regiones: el severo recorte del déficit regional era esencial para cumplir con los compromisos con la Unión Europea.

El pico de tensión con las autonomías provocó incluso que Gobiernos regionales del PP, en ocasiones de peso como el de Madrid, votaran junto a comunidades gobernadas por otras formaciones en 2013 y 2014 contra algunas de las directrices defendidas por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde las administraciones debaten y aprueban la estrategia económica.

Sin embargo, la decisión de relajar la senda de consolidación fiscal a las autonomías para el 2017, alcanzada en el CPFF celebrado la pasada semana tras un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, contó solo con la oposición de dos comunidades gobernadas por ese partido (Valencia, que pedía duplicar la capacidad de déficit, y Baleares) y de Cataluña, que recordó su intención de celebrar un referéndum soberanista.

Que comunidades con gobiernos socialistas como Andalucía y Castilla-La Mancha respaldaran el nuevo tope no fue la única novedad del CPFF, que por vez primera estuvo copresidido por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como ella misma dijo en la sala y en calidad de ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, acompañada por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

La reunión elevó el déficit autonómico permitido hasta el 0,6 por ciento del PIB regional para 2017, una décima superior al que se planteó en la anterior reunión del CPFF (28 de abril), mantuvo la meta fijada para 2016 (0,7 por ciento) y se marcó el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario para 2019 tras un 2018 con un máximo permitido del 0,3 por ciento.

En conversaciones informales, integrantes de los equipos negociadores autonómicos aprecian un nuevo tono en el Gobierno. El ministro de Hacienda, muy estricto en el pasado con las comunidades y muy criticado por ellas, ha valorado las reducciones de déficit que alcanzarán este año Valencia y Cataluña, así como que las autonomías hayan cumplido con la regla de gasto y hayan destinado los superávit a reducir déficit y no a aumentar el gasto.

Algunas comunidades, especialmente las gobernadas por el PSOE, insistieron en el CPFF en que urge acometer una “profunda” reforma del modelo de financiación para asegurar una adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, más allá de medidas específicas como la relajación del objetivo de déficit.

Sin embargo, pese al escenario de acercamiento político, la negociación del nuevo modelo de financiación no será sencilla, porque la relajación del déficit supondrá un escaso colchón para el próximo año y porque las autonomías llevarán a la mesa diferentes reivindicaciones históricas.

De fondo, la advertencia del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que avisa de un potencial incumplimiento de las comunidades autónomas de dos décimas este año.

De momento, Montoro ha escenificado el nuevo momento político con el compromiso de revisar el concierto vasco, el sistema de financiación diferenciado que opera en el País Vasco, donde gobierna un PNV (con el apoyo de los socialistas) al que Rajoy podría recurrir para sacar adelante los Presupuestos Generales del próximo año.

La actualización del concierto es una vieja demanda del Gobierno vasco, que asegura haber pagado al Estado 1.600 millones de más en los últimos años y reclama un nuevo método para calcular el cupo -el dinero que el País Vasco paga al Estado cada año por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos- que zanje las discrepancias sobre su cuantía.

El último acuerdo sobre esta fórmula se firmó en 2007 -cuando la cantidad anual quedó establecida en 1.565 millones- y era válido hasta 2011. Después debería haberse pactado una nueva cifra para el siguiente quinquenio (2012-2016) pero no ha sido posible hasta la fecha por las discrepancias en la aplicación de la fórmula.

La concesión hacia el País Vasco se produce después de otro gesto a un posible aliado en el Congreso de cara a los presupuestos, Coalición Canaria, que gobierna las islas con el apoyo del PSOE: el pasado día 1, el Consejo de Ministros acordó suprimir definitivamente las compensaciones que Canarias debía abonar cada año al Estado por la desaparición del Impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE), lo que permite a la comunidad disponer de unos 160 millones de euros más cada ejercicio.

Pero el Gobierno tiene el reto de convencer también a Cataluña, que quiere negociar de forma bilateral; al bloque de comunidades que incluso Montoro reconoce que están infrafinanciadas -Valencia, Murcia o Baleares-; la reclamación de la “deuda histórica” de Andalucía, la región más poblada, y al grupo de ocho comunidades de menor población e industrialización -Galicia, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y La Rioja-, que piden medidas contra el envejecimiento y la pérdida de población.

Etiquetado con: , , ,
Publicado en: Análisis