El Gobierno mira a septiembre

El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que debe presentar el próximo mes, con el objetivo de evitar un nuevo revés parlamentario y cerrar de forma definitiva el debate sobre el adelanto electoral.
Pedro Sánchez y Josep Borrell hablan durante una reunión del Consejo de Ministros. EFE/ArchivoPedro Sánchez y Josep Borrell hablan durante una reunión del Consejo de Ministros. EFE/Archivo

Evaristo Amado.

Tras el revés parlamentario que supuso no lograr los apoyos suficientes en el parlamento para suavizar los objetivos de déficit para el trienio 2019-2021 que había fijado el Gobierno anterior con Bruselas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja ya en el proyecto presupuestario de 2019, que debe presentarse antes de que termine septiembre y que confía en sacar adelante.
El Ministerio de Hacienda deberá componer las cuentas conforme a los objetivos de déficit pactados por el Gobierno de Mariano Rajoy -déficit de 1,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) para 2019, del 0,5 % para 2020 y superávit para 2021-, más estrictos que los que planteó a la Unión Europea la actual administración -que no los considera realistas- porque son los únicos validados en la cámara parlamentaria.
Hacienda afrontará así un doble proceso: por un lado elaborará el presupuesto de acuerdo a los límites fijados por el Gobierno anterior, pero al mismo tiempo con la idea de volver a debatir en la cámara los nuevos topes para el periodo 2019-2021 que el gabinete socialista ya negoció con Bruselas.
Para ello, Sánchez tendrá que renegociar con los que fueron sus socios en la moción de censura que puso fin a la etapa de su predecesor: la coalición de izquierda Unidos Podemos, más sus socios de Compromís; y los nacionalistas catalanes de ERC y PDeCAT, que se abstuvieron en la votación del techo de gasto presentado por el Ejecutivo y por ello han condicionado los primeros pasos de la elaboración de las cuentas públicas de 2019.
Este primer revés parlamentario, más que por el recorte en 6.000 millones de euros el dinero adicional que podrían emplear las administraciones públicas en 2019 -una cantidad menor, ya que solo 1.200 de ellos afectaban a la administración central, que dispondrá de 125.064 millones-, ha dañado al nuevo Gobierno al evidenciar que sus 84 diputados -de un total de 350- le obligarán a pelear cada votación parlamentaria.
En las últimas semanas el Gobierno ha negado padecer una situación de debilidad, como ha afeado la oposición, que ha reclamado un adelanto electoral a menos de dos meses de la remoción del Gobierno anterior.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha reiterado que el año que viene habrá presupuestos, lo que apunta a que no contempla un adelanto electoral, un debate que estalló cuando la portavoz del portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afrimaba el pasado 24 de julio que, aunque nadie pensaba en adelantar las elecciones, “nadie va a resistir más allá de lo razonable”.
Una puerta que poco después cerró el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la que compareció junto al presidente francés, Emmanuel Macron: “Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá en tiempo y forma, es decir, en 2020”.
Sánchez es optimista sobre la fortaleza de su Gobierno y contempla agotar el mandato -que vence en la primavera de 2020-, según la impresión que obtuvo tras reunirse con él en Madrid el presidente de la región de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
La coyuntura política será un factor crucial: aunque las relaciones bilaterales con el Gobierno catalán se han reactivado, con el inicio de los trabajos de la comisión bilateral tras siete años inactiva, la cercanía de un nuevo ciclo electoral puede condicionar la negociación.
Porque, además de las elecciones andaluzas que gran parte de los analistas esperan para el otoño, en mayo de 2019 se convocarán a la vez comicios para elegir a casi la mitad de los gobiernos regionales, todos los ayuntamientos y los representantes del parlamento europeo.
Con estos condicionantes, el presidente del Gobierno tendrá un nuevo examen parlamentario tras el verano, en octubre, cuando se someta por vez primera a debate en el Congreso el proyecto de ley de las cuentas para 2019.
Es una votación que el Ejecutivo debe sacar adelante para seguir tramitando los presupuestos, ya que un rechazo mayoritario supondría la retirada, le obligaría a presentar un nuevo proyecto y daría un nuevo argumento a los partidarios del adelanto, principalmente los conservadores del Partido Popular y los liberales de Ciudadanos.

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