El Gobierno espera otro interlocutor tras las elecciones del 21D

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no oculta su deseo de un nuevo liderazgo en el gobierno catalán para revertir las consecuencias económicas del proceso independentista, pero en las elecciones del 21 de diciembre hay mucho más en juego: solventar una crisis que monopoliza el escenario político en España.
 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i) junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, momentos antes de pasada reunión en el Palac El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i) junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, momentos antes de pasada reunión en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. EFE/Paco Campos

 

Evaristo Amado

El Gobierno de España apuesta por la “vuelta a la normalidad” en Cataluña mientras varias encuestas auguran una ajustada pérdida de mayoría absoluta de los partidos independentistas en las elecciones del 21 de diciembre, unos sondeos que no obstante dibujan un escenario en el que no se descarta un empate que puede dejar en manos de fuerzas minoritarias la gobernabilidad de la región.

Con la convocatoria electoral anunciada a finales de octubre, el ejecutivo de Mariano Rajoy buscaba cerrar varios años de tensión in crescendo que desembocó en la decisión de intervenir la administración catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española a raíz de la declaración de independencia proclamada por el parlamento catalán.

Una situación de excepcionalidad que el Gobierno español quiere superar tras las elecciones del 21D de la mano de un cambio de gobierno en Cataluña que permita al Ejecutivo central tener “un interlocutor que se preocupe por dar la vuelta al difícil momento económico”.

La posibilidad de conformación de un ejecutivo catalán no independentista es un deseo explícito del Gobierno: la cita anterior fue pronunciada por la vicepresidenta y responsable de la interlocución con Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un acto político en esa comunidad. 

Según las tesis de la ‘mano derecha’ de Rajoy, un mandato con un gobierno no soberanista permitiría volver a la legalidad, restituir la autonomía política de la región, reparar la “fractura social” y “darle la vuelta a la factura económica” del proceso independentista.

El mismo presidente español aguarda que, venza quien venza en las elecciones, al menos quedará claro tras la intervención política de Cataluña que el proceso político debe avanzar “siempre dentro de la legalidad” y que en España “se cumple la ley y así va a seguir siendo”.

El equipo de Rajoy se marca objetivos fundamentalmente económicos en ese proceso de vuelta a la normalidad tras las elecciones -frenar la marcha de empresas, recuperar la confianza de los inversores en Cataluña, mejorar la imagen de marca-, pero del resultado de los comicios dependerá la agenda nacional al completo.

Porque el ‘proceso catalán’ se ha adueñado de todos los niveles del debate político en España, bloqueado cualquier reforma de calado y acaparado la agenda política al completo en el último medio año.

Ejemplo reciente de ello es tanto la prórroga de los presupuestos ante la dificultad de sacar adelante unas nuevas cuentas como la situación de bloqueo que vive la reforma del modelo de financiación territorializada que el Estado debe consensuar con los gobiernos regionales.

El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconocía hace días para justificar el retraso que no se puede abordar la financiación autonómica “sin los legítimos gobernantes de una comunidad tan importante como Cataluña”. A su juicio, este asunto “no puede olvidar el calendario político”.

Del mismo modo, también deberá esperar a la resolución de la incógnita catalana la reforma de la Constitución planteada por varios partidos -cada uno con su modelo- y que incluso es objeto de una comisión parlamentaria con escasas perspectivas de éxito en la actual coyuntura política en España. EFE 

 

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