Gobierno español inicia trámites para limitar aforamiento de los políticos

El Gobierno español comenzó hoy el trámite para reformar la Constitución con el fin de limitar el aforamiento de los ministros, diputados y senadores, un régimen jurídico por el que esas personas solo pueden ser investigadas y juzgadas por el Tribunal Supremo.
La ministra de Educación y Portavoz , Isabel Celaá,. EFE/ArchivoLa ministra de Educación y Portavoz , Isabel Celaá,. EFE/Archivo

 

La ministra portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Celaá, afirmó en conferencia de prensa que el objetivo de esta reforma es “reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público”, no a otras actividades de carácter privado.

Pero el aforamiento no solo afecta a ministros, diputados y senadores -en total poco más de 600 personas- a los que va dirigida la reforma que plantea el Gobierno.
La legislación española permite también esta figura para miembros de los ejecutivos y parlamentos regionales, que son aforados ante los tribunales superiores de sus comunidades, así como para miembros de las Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales, a las que no afectará esa reforma, en total, unos 250.000 aforados.

El Ejecutivo socialista decidió hoy enviar al Consejo de Estado, máximo órgano consultivo, la propuesta de reforma, antes de aprobarla y enviar el proyecto al Parlamento, y calcula que pueda ser aprobada en un plazo de 60 días “si hay voluntad de acuerdo”.

Según manifestó Celaá, se trata de que el aforamiento deje de ser “un privilegio” y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Gobierno.

Sin embargo, no hay consenso entre los partidos del Congreso acerca de la reforma propuesta para el Gobierno, por lo que el Partido Socialista (PSOE), en minoría parlamentaria, tendrá que negociar con otros grupos para sacar adelante su propuesta, que necesita una mayoría reforzada tanto en el Congreso como en el Senado.
Unidos Podemos, grupo de izquierda que apoya en el Parlamento al Ejecutivo, ya anunció que no apoyará ninguna modificación de la Constitución, por mínima que sea, sin que se someta a un referéndum y, además, aspira a que afecte a otros artículos.

También Ciudadanos (liberales) criticó hoy que el Gobierno excluya los delitos de corrupción de la reforma, mientras que el Partido Popular (PP, centroderecha), el más numeroso de la Cámara, no ve oportuno modificar la Carta Magna.

 

1992 y 2011

A pesar de que algunos grupos políticos han solicitado en ocasiones una reforma de la Constitución de 1978, ésta se mantiene prácticamente intacta. Solo se ha modificado el artículo 13.2, referido al voto de los extranjeros, y el 135 para garantizar la estabilidad presupuestaria.
La primera modificación, mínima, se efectuó en agosto de 1992 por iniciativa parlamentaria, para acomodar la legislación española al Tratado de Maastrich y permitir la elección de alcaldes y concejales en la persona de ciudadanos de la UE residentes en España.

La segunda se inició el 26 de agosto de 2011, cuando PSOE y PP registraron en el Congreso una proposición de reforma de la Constitución destinada a garantizar la estabilidad presupuestaria, que afecta exclusivamente al artículo 135 de la Carta Magna, tras llegar ambas formaciones a un acuerdo el día anterior.
La reforma fue planteada por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en un pleno extraordinario del Congreso el 23 de agosto y aceptada por el líder del PP, Mariano Rajoy. EFE

 

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