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El Gobierno de España asegura tener respuesta a cualquier escenario en Cataluña

El Gobierno de España asegura tener la respuesta preparada a cualquier escenario que pueda plantearse mañana durante la comparecencia ante el Parlament autonómico de Cataluña del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que puede desvelar sus planes respecto a una declaración unilateral de independencia.
El Gobierno español asegura tener respuesta a cualquier escenario en Cataluña. En la imagen, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la sede del GoEl Gobierno español asegura tener respuesta a cualquier escenario en Cataluña. En la imagen, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la sede del Gobierno en Madrid. EFE/Archivo/Chema Moya

Será a partir de las seis de la tarde cuando Puigdemont comparecerá ante el Parlanent y entre las hipótesis que se barajan está que pueda declarar ya la independencia o que pueda ser una declaración “diferida” con la pretensión de que se ese objetivo se haga realidad en varios meses.
Ante esa u otras alternativas, el Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, al frente, viene asegurando que tiene todos los escenarios previstos y cuenta con una respuesta para cada uno de ellos siempre utilizando las posibilidades que da la Constitución y la normativa legal.

El gobierno no desvela planes
No obstante, el Ejecutivo no ha querido desvelar sus planes concretos ante cada una de las opciones que se planteen, aunque el mecanismo más previsible es recurrir al artículo 155 de la Constitución.
Este artículo determina que si una comunidad no cumple la Constitución y las leyes o actúa de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente autonómico y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Se trata de un artículo que no se ha aplicado nunca y que, por tanto, deja abierto un abanico de posibilidades respecto a las competencias que podría asumir el Gobierno.
Por ejemplo, el líder de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, ha pedido a Rajoy que recurra a ese artículo para que el Gobierno central se haga con la competencia de convocar elecciones en Cataluña.
La convocatoria electoral en esa comunidad es la salida a la que se apunta tanto desde el Gobierno como desde los partidos constitucionalistas, ya que eso subrayan que supondría la vuelta a la legalidad y dar la voz a los ciudadanos catalanes.
De forma paralela, hay voces que apuntan a que también Mariano Rajoy podría decidir convocar unas elecciones anticipadas en España, una posibilidad que el jefe del Gobierno ha rechazado siempre que se le ha preguntado públicamente por ello.
Algunos miembros del Ejecutivo y dirigentes del PP creen que anticipar los comicios podría ser positivo ya que interpretan que la suma de diputados que podrían conseguir el PP y Ciudadanos daría al Ejecutivo aún más fuerza para actuar ante las pretensiones soberanistas.
En caso de que mañana Puigdemont declare la independencia, el Gobierno actuará de forma inmediata aplicando los instrumentos que ya tiene preparados.
Y también se prevé, según fuentes del Gobierno y del PP, que actúe de la misma forma aunque haya una declaración unilateral que aplace la independencia unos meses.

Medidas posibles
A la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se suman otras alternativas a las que puede recurrir el Gobierno como la Ley de Seguridad Nacional.
Ésta permitiría a Rajoy disponer de una serie de medidas sin tener que pasar por el Legislativo, escenario que no puede sortear si activa el 155 o echar mano del estado de sitio o de excepción -medida que debe aprobar el Congreso-.
A Rajoy le basta un decreto para aplicar esa ley por cuestiones de seguridad nacional, para proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, y garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales.
Según el artículo 24 de esta ley, al menos debe incluirse en el decreto la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y, en su caso, posible prórroga, el nombramiento, en su caso, de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan.
Ese aspecto podría afectar a la policía autonómico (Mossos), que quedarían bajo las órdenes del Gobierno.
Aunque no necesita autorización, la ley si fija que el Gobierno debe informar inmediatamente al Congreso de las medidas adoptadas y de la evolución de la situación de interés para la seguridad nacional.
Otro escenario sería establecer el estado de sitio o de excepción, recogidos en la Constitución y regulados en una ley orgánica posterior, así como el de alarma, que ya activó en su día el Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar el conflicto laboral de los controladores aéreos.
El estado de excepción debe ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso, mientras que el de sitio tiene que ser declarado por la mayoría absoluta de la Cámara Baja, a propuesta exclusiva del Ejecutivo.
Al margen de las medidas que pueda poner en marcha el Gobierno, contra Puigdemont puede actuar la Justicia por delitos como el de sedición, para el que se prevén penas de prisión de ocho a quince años.
Asimismo el Tribunal Constitucional podría suspender de funciones al presidente de la Generalitat durante el tiempo que considere necesario para el cumplimiento de sus resoluciones. EFE

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Publicado en: Análisis