El Gobierno catalán tropieza con las urnas y el censo

Los preparativos para la consulta soberanista que el Ejecutivo de Carles Puigdemont pretende celebrar el 1 de octubre encuentran las primeras dificultades: el concurso para la compra de urnas queda desierto y la Guardia Civil investiga la campaña institucional para incentivar la creación de un censo de catalanes en el extranjero
Barcelona, 06.02.2017.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c) , y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell (i) , salen juntos deBarcelona, 06.02.2017.- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (c) , y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell (i) , salen juntos del Palau de la Generalitat con el ex presidente Artur Mas (2d) ; en el inicio del juicio del 9N. EFE/Archivo/Quique García

 

 

Evaristo Amado

A tres meses de la fecha anunciada por el presidente catalán Carles Puigdemont para la celebración de una consulta soberanista unilateral -el 1 de octubre– los preparativos para la celebración del referéndum han encallado con un fallido proceso de licitación para la compra de las urnas, que quedó desierto; y con la apertura de una investigación policial sobre la campaña para la elaboración de un censo de los residentes en el extranjero.
Por un lado, la mesa de contratación encargada de escoger las empresas que podrían proveer las urnas, un proceso sobre el que también se ha abierto una investigación, decidió no homologar a ninguna de las dos aspirantes con posibilidades: la compañía Plastic Express y la unión temporal de empresas conformada por Espai World y Suministros Integrales Futbida-.

Esta decisión supone un parón en los planes del Gobierno catalán a menos de cien días de la consulta unilateral, que por el momento no está convocada, pero en último término deja al ejecutivo de Puigdemont con las manos libres, ya que podrá, liberado de los procedimientos que marca el concurso, negociar directamente la compra con una empresa determinada.

No obstante, esta vía compromete más a los inte grantes del equipo de Puigdmeont, ya que aunque la orden de compra pueda hacerse mediante una firma colegiada, esta decisión podría llevar a los tribunales al presidente y todos sus consejeros.
Pese a las críticas de la oposición, que califica de ‘chapuza’ este proceso de compra, Puigdemont insiste en que el 1 de octubre habrá urnas, aunque su adquisición afronta además de las trabas burocráticas una querella de la Fiscalía.
Este órgano se querelló contra la consejera de Gobernación Borràs y su exnúmero dos en ese departamento, Francesc Esteve, por considerar que el acuerdo marco que publicó para la homologación de empresas suministradoras de urnas “enmascaraba” los preparativos del referéndum de independencia que el gobierno catalán ha anunciado para el próximo 1 de octubre.
Ahora, tras quedar desierto el concurso, su defensa presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el acta para pedir el archivo.
Además de las urnas, otro frente de los preparativos se ha visto cuestionado al trascender que la Guardia Civil ha citado en las últimas semanas a media docena de personas, entre ellos algunos funcionarios de la Generalitat y publicistas, dentro de la investigación abierta por un juez de Barcelona sobre la campaña institucional para incentivar la creación de un censo de catalanes en el extranjero.
Entre las personas citadas por el instituto armado en su función de policía judicial en una causa abierta por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona figuran funcionarios del departamento de Difusión y de la consellería de Exteriores, así como trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.
La iniciativa de la Guardia Civil responde a la investigación judicial que la Fiscalía abrió a finales de marzo pasado por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el “registro de catalanes y catalanas en el exterior”, por su posible relación con la supuesta preparación del referéndum independentista.
La campaña, con el lema “¿Tienes familiares o amigos en el exterior?”, incluía una fotografía en la que figura el mapa de Cataluña y la pregunta “¿Sí o no?”, lo que llevó a los partidos de la oposición a advertir de que se podría tratar de un censo de catalanes en el exterior para el referéndum independentista.
Este asunto se ha agregado a la causa todavía secreta que el juzgado había abierto con anterioridad a raíz de unas manifestaciones de un juez y exsenador del partido independentista ERC en las que aseguraba que el gobierno catalán estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.
La Guardia Civil tiene otra investigación pendiente sobre la consulta, la abierta en marzo de 2016 a una veintena de entidades y empresas que supuestamente están colaborando con el Gobierno catalán para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.
Estos reveses en los preparativos de la consulta -todavía no convocada oficialmente- ha llevado al partido antisistema CUP -un apoyo esencial para la coalición de Gobierno Junts pel Si, que agrupa al PDECat de Puigdemont y la ERC de Oriol Junqueras- a manifestar su “máxima preocupación” ante las “debilidades”, “carencias” y la “falta de firmeza” que observa en el Gobierno de Puigdemont.
Unas declaraciones que se han producido solo un día después de que el presidente catalán asumiera como un triunfo político, tras los rechazos previos de Francia y la Unión Europea a sus postulados, un artículo editorial publicado en el diario ‘The New York Times’ en el que el rotativo defiende que la mejor salida para España sería permitir un referéndum y que lo mejor para los votantes catalanes sería rechazar la independencia.
El artículo, titulado ‘El desafío de Cataluña a España’, agrega que el Gobierno podría rebajar el “fervor” independentista otorgando a Cataluña un mejor trato económico y negociando “de buena fe” con los líderes catalanes para encontrar una “solución política”, más que confiando en una “interpretación restrictiva” de la Constitución por parte de los tribunales.
La pieza editorial ha tenido una fría acogida tanto por parte del Gobierno español, que no ha hecho comentario alguno sobre el mismo, como por el resto de los partidos de ámbito nacional.
Solo lo han comentado en público Ciudadanos, que lo ha limitado a una opinión de un diario y ha animado al Times a preguntar a los estadounidenses “qué les parece que Texas se pueda separar”; y Podemos, cuyo responsable de Organización, Pablo Echenique, ha argumentado que la postura de la cabecera manifiesta la que ha tenido su partido sobre este asunto desde un principio. EFE