ESPAÑA CATALUÑA

Gobierno catalán recurre ante la Justicia la intervención de sus finanzas

El Gobierno de la región española de Cataluña ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Ejecutivo de Madrid de intervenir sus cuentas y finanzas para evitar que pueda desviar fondos para la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), acompañado por el vicepresidente Oriol Junqueras, firma la convocatoria de referéndum del 1 El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), acompañado por el vicepresidente Oriol Junqueras, firma la convocatoria de referéndum del 1 de octubre tras la aprobación de la ley en el Parlamento regional, en Barcelona. EFE/Alejandro GarcíaEFE/Alejandro García

Con ese objetivo el Consejo de Ministros español acordó el 15 de septiembre asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña (educación, sanidad, servicios sociales y pago de nóminas, principalmente), después de que el Gabinete catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda.

El recurso presentado por el Ejecutivo catalán incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, por lo que las autoridades de Barcelona confían en que el Supremo resuelva primero ese punto antes de deliberar sobre el fondo del recurso.

El acuerdo del Consejo da un plazo, que termina este 19 de septiembre, para que el Gabinete regional catalán comunique, asimismo, que no dispondrá de su propio presupuesto para partidas de menor importancia.

Por eso el vicepresidente regional catalán y responsable de Economía, Oriol Junqueras, acusó hoy al Gobierno de Madrid de “bloquear” partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura y deporte, consideradas no esenciales.

Junqueras dijo que Madrid busca “el colapso de todas las administraciones” con sus medidas de control de los gastos.

Los expertos estiman que Cataluña recibe cada mes del Estado unos 1.400 millones de euros para el pago de servicios esenciales, que ahora el Gobierno central retendrá para hacerlo directamente.

A juicio de Junqueras el Gobierno español hace un uso “ilegal” de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña de manera indirecta el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo de Madrid pueda asumir determinadas competencias de una región si considera que ésta no las ejerce según el ordenamiento jurídico.

La vía del artículo 155 es invocada por algunos sectores políticos y periodísticos como principal y último recurso legal del Estado, aunque nunca se ha aplicado en España.

No “demonizar”

Por su parte, el gobernante PP pidió  no “demonizar” la posibilidad de aplicar ese precepto constitucional, porque a su juicio “no es bueno desarmarse preventivamente frente a un desafío ilegal”, dijo el responsable de Comunicación de ese partido, Pablo Casado.

Aliado del Gobierno de Mariano Rajoy frente al desafío de los secesionistas catalanes, los socialistas (PSOE), que son el segundo partido de España, no parecen dispuestos, sin embargo, a aceptar la vía del 155.

Además, en el frente de las iniciativas legales contra el referéndum la Agencia Española de Protección de Datos abrió hoy una investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán con vistas a la eventual consulta.

Por su parte, la Guardia Civil ha intervenido en una nave industrial de la localidad barcelonesa de Sabadell numeroso material electoral sobre el referéndum independentista suspendido por el Constitucional, incautación que se suma a la practicada el domingo en otra localidad donde fueron requisados más de un 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos con propaganda.

Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo regional, Carles Puigdemont, afirmó que su Gabinete está preparado para hacer frente a un eventual aumento de ciberataques el próximo 1 de octubre.

“El riesgo cero no existe, pero estamos preparados para el 1 y para los días que vengan”, según Puigdemont quien subrayó que perpetrar ataques contra la seguridad informática en ámbitos gubernamentales “es un delito grave”. EFE

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