El Gobierno aprueba el nuevo canon digital

El Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que modifica la compensación por copia privada y lo ajusta a derecho comunitario, por lo que el pago a los autores por las copias privadas de sus obras se cargará en los móviles, CD y memorias, pero con excepciones sobre quién deberá hacerlo.
El presidente del Congreso de los Diputados en 2011, José Bono, muestra el lápiz de memoria con los presupuestos de ese año. EFE/J.J. GuillénEl presidente del Congreso de los Diputados en 2011, José Bono, muestra el lápiz de memoria con los presupuestos de ese año. EFE/J.J. Guillén

Según el texto del real decreto, que sustituye al que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año pasado, este nuevo “canon digital” vuelve al concepto principal con el que entró en vigor durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El real decreto-ley, según fuentes del ministerio, fija una “implantación escalonada” para “facilitar la introducción del nuevo modelo”.
Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la disposición transitoria segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.
En este sentido, por un teléfono móvil o smart-phone los fabricantes abonarán 1,10 euros, y por un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet, 3,15 euros.
“Se graban a los mismos aparatos que en los países de nuestro entorno, pero en una horquilla de cuantías más baja”, han matizado.
Transcurrido un año se regulará mediante real decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado, y las sucesivas modificaciones se harán mediante orden ministerial.
La nueva ley ha sido acordada con las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (agrupadas en la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, ADEPI), con las grandes empresas del sector tecnológico y con los varios grupos parlamentarios.
“Se han introducido muchas de las aportaciones que todos ellos han realizado, con el objetivo de hacer un texto lo más consensuado posible”, ha señalado el ministro portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo antes de anunciar que se espera que el real decreto-ley sea convalidado en el próximo pleno del Congreso. EFE

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