El Gobierno antepone el crecimiento a la consolidación fiscal

La decisión del Ejecutivo del presidente socialista Pedro Sánchez de dar prioridad al crecimiento económico, al empleo y a los servicios del estado del bienestar sobre los objetivos de equilibrio presupuestario y consolidación fiscal dictados por la Unión Europea constituye un cambio estratégico de primer orden con respecto a las directrices macroeconómicas de su predecesor, el conservador Mariano Rajoy.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia en la que ha anunciado la composición de su nuevo Ejecutivo, hoy en el Palacio dEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comparecencia en la que ha anunciado la composición de su nuevo Ejecutivo, hoy en el Palacio de La Moncloa. EFE

Evaristo Amado

Este viraje es una de las decisiones de mayor calado en los dos primeros meses de mandato de Sánchez, que desgranó ese nuevo rumbo en la comparecencia parlamentaria en la que dio cuenta de los objetivos de su programa de Gobierno: relajamiento en el gasto para la administración, mayor presión fiscal a las empresas, reforma del mercado laboral y lucha contra la desigualdad.

La nueva hoja de ruta económica de Pedro Sánchez tiene sus cimientos en la concepción de que es hora de compensar a la población por el prolongado esfuerzo al que se vio sometida la población durante la crisis iniciada en 2008, una etapa de recortes en la que el paro registrado se mantuvo por encima del 20 % entre los años 2010 y 2015.

Es por ello que, para acometer cambios como la mejora de las pensiones y otras medidas que suponen un mayor gasto, al mismo tiempo que trata de contener el déficit, el Gobierno necesita de mayores ingresos, que llegarán de la mano de una reforma fiscal anunciada pero de la que solo se conocen sus rasgos esenciales: gravará en mayor medida a la banca, las grandes corporaciones y las compañías tecnológicas.

En el caso de las grandes empresas, “en ningún caso” el tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades será inferior al 15 %; y habrá impuestos para desincentivar las prácticas contra el medioambiente.

La necesidad de mayor gasto para acometer estas medidas de “emergencia social”, un término muy usado por la oposición durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy, ha llevado al nuevo Ejecutivo a marcar una nueva senda de objetivos de contención del déficit presupuestario.

Por ello ha renunciado a alcanzar el superávit en 2021 -como preveía el Ejecutivo anterior- y plantea un nuevo escenario en el que el objetivo de déficit público estatal se elevará hasta el 2,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 -cinco décimas más de lo anteriormente previsto-, hasta el 1,8 % en 2019, el 1,1 % en 2020 y el 0,4 % en 2021.

Los objetivos fijados previamente para los próximos ejercicios eran del 1,3 % en 2019, el 0,5 % en 2020 y el superávit en 2021.

Estos nuevos objetivos estatales, ratificados en el Consejo de Ministros, se unen al nuevo escenario que aprobó el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para los gobiernos regionales, que podrán disponer el próximo año de 2.400 millones de euros extra de gasto -el 0,3 % del PIB, dos décimas más de lo anticipado-.

El CPFF suavizó además las exigencias de consolidación fiscal de los años siguientes: para el 2020 el techo del déficit será del 0,1 % (y no del 0 %) y será en 2021 cuando las administraciones regionales tendrán que tener estabilidad presupuestaria.

Y la administración autonómica, que soporta el grueso del gasto en sanidad, educación y servicios sociales, podrá contar con otro mecanismo de alivio financiero, ya que el presidente del Gobierno ha planteado permitirle reestructurar el periodo de vencimiento de la deuda a aquellas regiones que no puedan financiarla en los mercados por su elevado nivel de endeudamiento.

El escollo parlamentario
El problema para Sánchez radica en que por el momento no tiene el apoyo parlamentario suficiente en el Congreso de los Diputados para sacar adelante este viernes el techo de gasto de 2019 y los objetivos de déficit.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los objetivos deben ser aprobados por mayoría primero en el Congreso -la cámara baja- y luego en el Senado -la cámara alta-: de lo contrario, según un informe de la Abogacía del Estado, se volvería a la senda anterior marcada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La dificultad para el Gobierno es que, además de convencer a las fuerzas de izquierda y los nacionalistas, Sánchez tendrá que obtener el apoyo o al menos la abstención del Partido Popular -ahora encabezado por el sucesor de Mariano Rajoy, Pablo Casado- en el Senado, donde este último partido tiene mayoría absoluta y, por tanto, capacidad de veto.

La gran baza de Sánchez está en que el PP, en el caso de tumbar la nueva hoja de ruta de gasto, tendrá que asumir el coste político de vetar una inyección de financiación a los gobiernos regionales a menos de un año de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, como ya han advertido varios portavoces socialistas a la formación conservadora.

Mercado laboral
Otra palanca de reforma económica comprometida por el nuevo presidente del Gobierno se dirigirá a desmontar la regulación del mercado laboral que aprobó Mariano Rajoy en 2012.

Según lo avanzado, el Ejecutivo planteará que los convenios sectoriales vuelvan a tener prevalencia y sea más difícil acogerse a las condiciones de excepcionalidad para no aplicarlos. También habrá nuevos límites a la subcontratación.

Además Sánchez Quiere estudiar medidas como adaptar las jornadas de trabajo para evitar el despido, fomentar políticas de igualdad, revisar el contrato en prácticas y promocionar el de relevo.
De forma paralela, desde este verano se activará un plan de inspección contra la explotación laboral, centrado en contratos temporales y parciales.

En la lucha contra el fraude, el Gobierno aprobará un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que se realicen nuevas amnistías fiscales -tras el revés del Tribunal Constitucional a la acometida por el Gobierno anterior-, actualizará la lista de paraísos fiscales e incluirá en la lista de morosos a los responsables solidarios y colaboradores.