Francia permite el regreso de la alumna kosovar pero no de su familia

El presidente de Francia, François Hollande, ha intentado cerrar la polémica surgida tras la deportación de la alumna kosovar Leonarda Dibrani con una solución de mínimos que permite el regreso de la joven en caso de que esta lo solicite, pero no el de su familia.
El presidente francés François Hollande. EFE/ARCHIVO/Yoan ValatEl presidente francés François Hollande. EFE/ARCHIVO/Yoan Valat

La polémica surgida tras la deportación de la kosovar Leonarda Dibrani con una solución de mínimos que permite su regreso en caso de que lo solicite, pero no el de su familia, sitúa en foco del debate la política de inmigración francesa, una de las más restrictivas de la Unión Europea.
El 12 de octubre de 2010 los diputados franceses aprobaron un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que facilitaba la expulsión de los ciudadanos comunitarios que no tuvieran recursos propios, al tiempo que también establecía medidas que permitían el cierre de campos de gitanos.
El texto, que también daba luz verde a la posibilidad de retirar la nacionalidad a los franceses que llevaran naturalizados menos de diez años que atentaran contra las fuerzas del orden, provocó una gran polémica en Francia.
De hecho, el proyecto fue adoptado por 294 a favor y 239 en contra, lo que ponía de manifiesto la falta de consenso incluso entre los diputados conservadores que apoyaban al Gobierno.
Un año después, el 11 de mayo de 2011, el Parlamento francés aprobaba con los votos en contra de los partidos de izquierda la quinta Ley de Inmigración que Francia redactaba desde 2003 y también una de las más controvertidas.
Los antecedentes de estas medidas se remontan el verano de 2010 cuando el gobierno del entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy, puso en marcha una política de expulsión y comenzó a deportar a miembros de las comunidades romaníes y a desmantelar los campamentos ilegales de gitanos.
Según el Gobierno, se trataba de deportaciones “voluntarias” y por tanto legales, de inmigrantes que aceptaban irse a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto o 100 euros por niño, y que, en muchos casos, según su opinión acababan regresando a Francia.
Las reacciones no se hicieron esperar y en septiembre de ese año París fue el epicentro de múltiples jornadas de protestas que se extendieron por un centenar de ciudades francesas, a las que se sumaron concentraciones frente a embajadas y consulados de algunas capitales de la Unión Europea.
Sólo en 2011, Francia expulsó a 32.922 extranjeros en situación irregular, un récord que superó el objetivo de 28.000 personas marcado por el Gobierno.
EFE/DOC

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