El fiscal general del Estado, de nuevo en el centro de la polémica

La renovación de las fiscalías anticorrupción y la decisión del fiscal general, José Manuel Maza, de no actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso, ha situado el debate sobre la independencia del Ministerio Fiscal en el ojo del huracán una vez más.
Madrid, 28.11.2016.- El nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza (i), promete su cargo ante el Rey Felipe VI y el presidente mariano Rajoy. Madrid, 28.11.2016.- El nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza (i), promete su cargo ante el Rey Felipe VI y el presidente mariano Rajoy. EFE/Archivo/Sergio Barrenechea POOL

 

Carlos Moral

 

De acuerdo con la ley, la Fiscalía General del Estado dispone de total autonomía respecto a cualquier otro poder y sólo tiene que atender a la legalidad: defender los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley.

Su actividad está guiada por el principio de la dependencia jerárquica, para garantizar la seguridad jurídica de unidad de actuación en todas las fiscalías de España, lo que supone que, en caso de discrepancia, se impone el criterio del fiscal general.

Sin embargo, su designación corresponde al Gobierno y las acusaciones de injerencia del poder ejecutivo sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal han sido recurrentes con Ejecutivos de uno y otro signo. No ha sido ajeno a ellas el de Mariano Rajoy, que ha nombrado tres fiscales desde que llegó al poder en diciembre de 2011.

El primero fue Eduardo Torres Dulce, que dimitió tres años después “por razones personales”, aunque durante su mandato se publicaron informaciones sobre sus desavenencias con el Gobierno.

Poco antes de su renuncia, Torres Dulce negó presiones del Ejecutivo para que presentara la querella por la consulta soberanista en Cataluña del 9 de noviembre de 2014 -“sería un delito”, dijo- y subrayó que casos como la investigación del tesorero del PP, Luis Bárcenas, acreditaban que no había sido “proclive al Gobierno”, una acusación formulada contra él por la totalidad de la oposición.

Torres Dulce fue sustituido por Consuelo Madrigal, a su vez relevada el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la formación del nuevo Ejecutivo tras diez meses en funciones. En opinión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el perfil de Maza es más adecuado para impulsar la labor del fiscal como instructor de las investigaciones penales.

Sin embargo, no ha sido el futuro cambio en las labores del fiscal -actualmente la instrucción corresponde a los jueces- el desencadenante de la primera polémica que afronta el nuevo titular del Ministerio Fiscal, sino uno mucho más habitual: las quejas de proximidad o connivencia con el Gobierno.

Maza se opuso a acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), por el caso Púnica de corrupción, en contra del criterio de las fiscales encargadas de investigarlo, una decisión detrás de la que la oposición sospecha que puede haber injerencias políticas.

Pocos días después, los relevos en puestos clave de la cúpula fiscal decididos por Maza han avivado la controversia.

El fiscal general ha cambiado siete de las 35 plazas sujetas a renovación, entre ellas el fiscal superior de la Audiencia Nacional y los fiscales jefes de Murcia, Andalucía y País Vasco.

Además, ha designado al fiscal jefe del Tribunal Supremo, Manuel Moix, para Anticorrupción por delante de los seis especialistas que optaban al cargo y que ya trabajaban en esa Fiscalía, que investiga asuntos como Bankia, Pujol, Púnica, Bárcenas, Nóos, Gürtel o los ERE de Andalucía, entre otros.

El hasta ahora fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, desligó su relevo del caso que afecta al presidente murciano, pero denunció intimidaciones a los fiscales anticorrupción y aseguró: “lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos”.

Un asunto, el de la independencia del ministerio fiscal en los casos de corrupción, que genera discrepancias entre los propios fiscales.

Si para la mayoritaria Asociación de Fiscales la autonomía está garantizada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tanto para la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como para la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) los últimos acontecimientos han revelado lo contrario.

En el centro de la polémica se sitúa el titular de Justicia, Rafael Catalá, criticado no solo por la oposición, sino también por el Consejo Fiscal, órgano que agrupa a once vocales junto al fiscal general del Estado, por su “injerencia” tras unas declaraciones en las que el ministro cargó contra las fiscales del caso Púnica que pretendían acusar al presidente de Murcia.

Prueba de que el debate sobre la independencia de la Fiscalía viene de lejos es que en el 2007, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el Congreso aprobó una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo precisamente de reforzar su autonomía y adaptar su estructura a las necesidades actuales.

La reforma introdujo causas objetivas de cese del fiscal general para evitar la discrecionalidad del Gobierno y puso límite a su mandato, un máximo de cuatro años, no renovable, excepto cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años, caso en que sí podría ser renovado por otros cuatro.

Sin embargo, una década después, la labor del fiscal general del Estado sigue tan cuestionada como entonces. EFE

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