El fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, en Buenos Aires

Maza, de 66 años, se encontraba en la capital argentina participando en la asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, cuando fue ingresado en un hospital bonaerense por una infección que le afectó a uno de los riñones.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE/Archivo/MariscalEl fiscal general del Estado, José Manuel Maza. EFE/Archivo/Mariscal

JOSÉ MANUEL MAZA MARTÍN (Madrid, 1951),  magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, era desde noviembre de 2016 fiscal general del Estado.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, era además, diplomado en Criminología por la misma universidad.
En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.
En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Maza Martín fue elegido por 12 votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala.
Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo, Maza Martín trató asuntos como los recursos presentados por el juez Garzón en los procedimientos que se le abrieron; examinó el caso del preso común que lleva más tiempo en prisión en España y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz
En cuanto a Garzón, Maza Martín defendió en febrero de 2012, la sentencia condenatoria para el exjuez Baltasar Garzón por entender que éste decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía. Por ello, discrepó del resto de sus compañeros y les advirtió de que con esa resolución, podía dar lugar a que, los jueces puedan ampararse en la protección de las víctimas para imponer su voluntad al margen de la ley.
Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo de 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.
Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de ese mes el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado y cuatro días después tomó posesión.
El 30 de octubre de 2017 compareció para informar de las medidas penales penales contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigemont, los miembros del Govern y los integrantes de la mesa que permitieron tramitar la declaración de independencia. La Fiscalía los acusó de un delito de rebelión “o cuanto menos de sedición”.EFE/Doc

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