ESPAÑA CATALUÑA

Exconsejeros catalanes acatan la Constitución para salir de la cárcel

La defensa de Jordi Turull y Josep Rull, dos de los exconsejeros del Ejecutivo regional catalán cesado que permanecen en prisión preventiva acusados de rebelión, ha solicitado su puesta el libertad, ya que han acatado las medidas impuestas por el Gobierno español para devolver la legalidad a la autonomía de Cataluña.
La defensa de Jordi Turull y Josep Rull, dos de los exconsejeros del Ejecutivo regional catalán cesado que permanecen en prisión preventiva acusadosLa defensa de Jordi Turull y Josep Rull, dos de los exconsejeros del Ejecutivo regional catalán cesado que permanecen en prisión preventiva acusados de rebelión, ha solicitado su puesta el libertad. EFE/Archivo

En sendos recursos, a los que Efe tuvo acceso, los exconsejeros solicitan a la sala de apelación de la Audiencia Nacional de España que revoque la orden de prisión preventiva, ya que acatan “expresamente” las medidas del artículo 155 de la Constitución española puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sin promover ninguna “resistencia”.
De esa manera Turull y Rull, exconsejeros de Presidencia y Territorio, respectivamente, en el que fuera el Ejecutivo de Carles Puigdemont, piden que se les aplique los mismos criterios por los que el Tribunal Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlamento regional de Cataluña Carmen Forcadell, y a la Mesa (el órgano de gobierno de la Cámara).
Turull y Rull permanecen en una cárcel madrileña junto a otros seis miembros del Gobierno regional catalán destituido, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, desde el pasado 2 de noviembre, acusados de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.
Ambos forman parte de la lista Junts per Catalunya (JxC), que encabeza Puigdemont desde Bruselas, con la que concurrirán a las elecciones regionales catalanas del 21 de diciembre.

Argumentos de la defensa

En sus escritos, Jordi Pina, abogado de ambos exconselles, descarta el riesgo de reiteración delictiva en que la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela basó el ingreso en prisión de Rull y Turull -junto al de fuga y destrucción de pruebas-, argumentando que, pese a discrepar “políticamente de su contenido y legitimidad”, sus clientes y el resto de miembros del Govern querellados “han acatado expresamente las medidas del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación”.
Prueba de ello es, según el abogado, que tras la aplicación del 155 no se ha adoptado “ningún acuerdo ni dictado disposición de ninguna clase” por parte del cesante gobierno regional, que, recuerda el recurso, “estuvo reunido al finalizar la sesión parlamentaria del 27 de octubre” (en que el Parlamento autonómico votó la independencia) “sin adoptar ningún acuerdo”.
Los recursos insisten en que ninguno de los “cesados consellers” han aprobado tampoco acuerdo alguno: “Basta consultar el Diario Oficial de la Generalitat para comprobar que nada se ha publicado ya desde la aplicación del citado precepto constitucional”, prosigue el escrito.
El abogado subraya también que ninguno de los miembros del Govern cesante querellados “ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario (tras la aplicación del 155), anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas (el 21D)”.
“No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral”, añaden los recursos de Rull y Turull.
Jordi Pina argumenta además en sus escritos que el encarcelamiento de Rull y Turull “contraviene el derecho a elecciones libres”, así como “el de los ciudadanos a tener representantes políticos”, y recuerda que los querellados “participarían sin duda” en la campaña electoral del 21D si no estuvieran privados de libertad.
La defensa de Turull y Rull descarta también que el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers hayan huido a Bélgica tras la declaración de independencia suponga un incremento del riesgo de fuga que justifique mantener en prisión a los exconsellers que se quedaron en España.
Pina también denuncia en sus escritos la “palmaria indefensión” de la que han sido víctimas los exconsellers encarcelados, ya que la juez Lamela ordenó su ingreso en prisión incondicional tras una “clara vulneración de los derechos de defensa”, porque no contaron con un “proceso justo con todas las garantías” y no pudieron “preparar mínimamente su estrategia”.
Además, la defensa insiste en que no hay base para acusar a los querellados de un delito de rebelión, porque asegura que en el proceso soberanista no hubo violencia en las calles, ni de sedición, al considerar que no ha existido ningún alzamiento tumultuario para quebrantar el orden público.
El recurso de Rull y Turull sostiene que la Constitución de 1978 “no construye una democracia militante, sino que son legítimos los fines políticos contrarios a ella y la puesta en marcha de los medios necesarios para obtener dichos objetivos”. EFE

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Publicado en: Análisis