DOCTRINA PAROT

Excarcelados de ETA exigen “el derecho a decidir” para resolver el conflicto

Los expresos de ETA liberados tras la derogación de la doctrina Parot han advertido al Gobierno de que la solución del "conflicto" en Euskadi pasa por una "solución integral" que incluya el reconocimiento del "derecho a decidir del pueblo vasco" y la salida de los reclusos que siguen en prisión.
EFE/Archivo

EFE/Archivo

 

Los más de 60 excarcelados y varios miembros del grupo de mediadores con los presos de ETA  participaron en el acto celebrado en el Kafe Antzoki de Durango (Vizcaya), autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz después de que las víctimas del terrorismo pidieran su prohibición.

 DOCTRINA PAROT

    En 2006, el Tribunal Supremo estableció que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios,…) se aplica respecto de cada una de las condenas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión que, según el ya derogado Código Penal de 1973, es de 30 años y que con la reforma penal de 2003 se incrementó a 40.

   La jurisprudencia creada a raíz de esta sentencia es lo que se conoce como “doctrina Parot” y recibe su nombre del miembro de ETA Henri Parot que el 28 de febrero de 2006 vio como su recurso ante el Tribunal Supremo se convirtió en la doctrina que hizo que varios presos de la banda, y algunos comunes, vieran retrasada su salida de prisión.

   La “doctrina Parot” fue modificada parcialmente en 2008 por el Tribunal Constitucional en la llamada “doctrina del doble cómputo penal”, en la que se establece que el tiempo que un recluso ha permanecido en prisión provisional debe descontársele, a efectos de cómputo de la pena, de todas las condenas firmes, pues lo contrario supone una vulneración del derecho a la libertad que establece la Constitución en su artículo número 17.1.

   En respuesta a una demanda presentada por la etarra Inés del Río, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo público un fallo el 10 de julio de 2012 en el que se mostraba contrario a la aplicación retroactiva de la “doctrina Parot”, y exigía su puesta en libertad y una indemnización.

   Además el Tribunal de Estrasburgo condenó a España por vulnerar dos artículos del convenio de derechos humanos -el séptimo, que recoge el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal desfavorable; y el quinto, que consagra los derechos a la libertad y seguridad-, por el caso de la etarra Inés del Río.

  A pesar de la sentencia, el Tribunal Constitucional rechazó el 21 de agosto de 2012 el recurso de 16 presos de ETA contra la aplicación de la doctrina, al entender que el fallo del Tribunal de Estrasburgo no tenía “carácter definitivo”.

   Ante la situación creada, el gobierno español presentó un recurso contra la sentencia sobre Inés del Río que fue rechazado el 21 de octubre de 2013 por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

   La sentencia abrió las puertas de las celdas a todos los presos condenados por el Código Penal de 1973 a los que se les había aplicado de manera retroactiva e indemnizaciones económicas, aún sin fijar, excepto para Inés del Río, a quien el Estado tiene que devolver 30.000 euros por daños morales, según la mencionada sentencia de julio de 2012.

   La decisión del Tribunal Europeo afectará a 111 presos de ETA entre los que destacan los nombres de Domingo Troitiño, condenado a más de 1100 años de cárcel por el atentado de Hipercor, “Kubati”; Jose Antonio López condenado a 1.210 años de carcel por 13 asesinatos entre ellos el de Yoyes (Dolores González), o Henry Parot que entre otros cometió el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza.

  De los 37 presos comunes que se verán afectados por esta sentencia se encuentran Miguel Ricart, el asesino de las tres niñas de Alcasser, o Pedro Luis Gallego, conocido como el “violador del ascensor”.
EFE/DOC

Etiquetado con: , ,
Publicado en: Documentos