España y la reforma territorial improbable

La comisión específica creada en el Congreso de los Diputados para revisar el modelo político territorial español inicia esta semana los trabajos con pocas expectativas de profundizar en la renovación del modelo debido a la escasa implicación de dos de los grandes partidos, la discusión sobre la financiación y un condicionante esencial: la crisis catalana.
Edificio sede del Tribunal Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Efe-Archivo/ Chema MoyaEdificio sede del Tribunal Constitucional en la calle Domenico Scarlatti de Madrid. Efe-Archivo/ Chema Moya

 

Evaristo Amado 

 

¿Puede España revisar de forma profunda su modelo político territorial al mismo tiempo que se resuelve una crisis política sin precedentes en la que una parte del territorio -Cataluña- lo ha cuestionado hasta el punto de haber proclamado la independencia con respecto al conjunto del país de forma unilateral?

Esta es probablemente la gran cuestión que planea sobre la comisión para la reforma territorial que este jueves ha iniciado los trabajos en el Congreso de los Diputados tras haber sido constituida la pasada semana con una advertencia clara del Partido Popular, el principal partido de la cámara: no está entre sus objetivos la reforma de la Constitución sino, simplemente, modernizar y evaluar el segundo nivel administrativo español, denominado ‘autonómico’ y conformado por diecisiete gobiernos regionales con presupuestos y competencias propios.

La creación de una comisión para la reforma territorial no responde a los anhelos del partido que encabeza el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, sino que es una concesión que el jefe del Ejecutivo hizo en su día al líder del partido socialista, Pedro Sánchez (PSOE), cuando ambos sellaron una alianza para que los dos grandes partidos de España mantuvieran una posición cohesionada frente a la crisis soberanista catalana. 

Los socialistas consideran la comisión como antesala preparatoria de una inmediata reforma constitucional que, sin embargo, observan con recelo desde el PP, que se opondrá a abrir un debate sobre la Carta Magna cuando hace escasas semanas el Gobierno debió intervenir la administración catalana tras la proclamación unilateral de independencia proclamada por el parlamento local.

Quizá sea la propia génesis ‘a dos bandas’ de la comisión lo que explique que ya hayan anunciado que no participarán en los trabajos el tercer partido español, Podemos -su líder, Pablo Iglesias, cree que no es “sensato” ponerla en marcha mientras exmandatarios catalanes permanecen en prisión provisional- y los nacionalistas catalanes -PDeCAT, ERC- y vascos -PNV-.

Si a ello se le suman las reticencias de PP y Ciudadanos en cuanto a promover una reforma constitucional, las expectativas del alcance del nuevo órgano parlamentario se reducen si cabe todavía más.

“A lo que viene la comisión es a hablar de la modernización y evaluación del Estado autonómico. Que nadie espere de nosotros otra cosa”, avisaba la pasada semana el secretario general del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, que respondía así a la intención de los socialistas de trabajar “sin peajes indebidos” y incluso de plantear cambios que exigieran de la reforma constitucional.

Pese a todos estos condicionantes iniciales, la comisión inicia su andadura este jueves con una primera reunión para diseñar y aprobar el plan de trabajo, en el que pretenden incluir comparecencias de expertos del ámbito político, pero también social y cultural.

Entre ellos, está previsto que los primeros sean los conocidos como “padres” de la Constitución española de 1978, aún vigente: Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca. Tras ellos podría ser el turno de los presidentes autonómicos, e incluso de algunos expresidentes.

También el actual presidente de la Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, el principal organismo asesor. Si ya afrontaba numerosos escollos en su génesis y arranque, los trabajos de la comisión se han encontrado con otra dificultad sobrevenida y que previsiblemente ‘contaminará’ los debates: la decisión concertada del líder del PSOE y los gobernantes regionales socialistas de exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que presente ya una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

Los socialistas quieren que la nueva propuesta de reparto de la financiación entre la administración del Estado y los gobiernos regionales se realice al margen de la comisión para la reforma territorial y el nuevo modelo se aplique en 2018.

Según el PSOE, el nuevo modelo debe ser pactado entre el Gobierno y las comunidades autónomas -gobernadas en su mayoría por PP y PSOE- en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. EFE

 

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Publicado en: Análisis