España-Cataluña, relaciones entre el deshielo y los reproches

El cauce de diálogo abierto en el encuentro entre el presidente Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 20 de abril, se alargó con la reunión entre los vicepresidentes, Soraya Saenz Santaría y Oriol Junqueras, dirigente de ERC, el 28 de abril, pero son muchas las cuestiones latentes sin acuerdo entre ambos gobiernos.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i) saluda al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reunión que ambos mantuviEl presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i) saluda al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reunión que ambos mantuvieron ayer, 20 de abril en La Moncloa. EFE/Paco Campos

 

Carmen Jiménez,

El desafío del independentismo catalán ha marcado parte de esta corta legislatura que concluye. En sus inicios, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dirigió duras palabras al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien dijo que no pasaría “ni una”.
Este fin de semana el presidente catalán Puigdemont inició su primer viaje oficial al exterior, llegó a Bélgica con el fin de fortalecer el apoyo de dirigentes nacionalistas flamencos, para el proceso independentista, pero lo que ha trascendido ha sido la ausencia de encuentros con líderes europeos.
La agenda de Jean Claude Junker no permitía esa reunión, según la portavoz comunitaria Mina Andreeva.
Como respuesta y restando importancia a esa ausencia, en la capital belga Puigdemont señaló de forma tajante, “ya llegará el momento de hablar con quien haya que hablar. El día que queramos ver a un comisario europeo o a alguna autoridad lo propondremos y lo conseguiremos”.
De nuevo en escena, Artur Mas, presidente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), manifestó que el portazo de la UE a Puigdemont, se debe a las presiones del Estado español.
El actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, advertía que no se puede dilatar el proceso hacia la independencia de Cataluña y que éste tiene que culminar en los próximos 15 ó 16 meses, “no puede durar eternamente”, en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Sin embargo, la ley 24/2015 de medidas urgentes contra desahucios y pobreza energética aprobada por el Parlamento catalán, el pasado mes de julio, ha tenido una corta vida, como consecuencia de que el Gobierno de Rajoy decidía recurrir algunos aspectos procesales de la misma, por invasión de competencias, este 2 de mayo, en los últimos momentos de la legislatura, la más corta de la democracia.
Algunos datos publicados estiman que, en Barcelona se han evitado entre enero y abril 639 desahucios.
A la vez, la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios de Cataluña inciden en la necesidad de que los bancos colaboren contra los desahucios, y en la misma línea, piden una nueva ley catalana que deje “sin efectos prácticos” los recursos al Constitucional.
A finales de abril, el TC admitió a trámite los recursos de Gobierno contra tres leyes aprobadas por el Parlament, una sobre las viviendas vacías, otra sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y una tercera que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña.
La crisis de los refugiados continua presente en las líneas discrepantes, este martes, el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reafirmaron la voluntad de Catalunya de acoger refugiados, frente a la “inoperancia” del Gobierno central, que solo ha reubicado a 17 de las 17.000 personas que se comprometió con Europa.
Por otra parte, la falta de acuerdo para formar gobierno y en consecuencia, la convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de junio, influyen en la urgente necesidad de aprobar los presupuestos en Cataluña.
Con posiciones cada vez más escoradas, déficit y presupuestos ocupan un lugar destacado en la economía catalana. El Gobierno catalán ha expresado su deseo de llevar al Parlamento autonómico el proyecto presupuestario a finales del mes de mayo, para que sea tramitado en junio y julio y pueda ser aprobado antes de las vacaciones de verano.
Para la aprobación de los presupuestos del 2016, Junts pel Sí (coalición independentista, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Demócratas de Cataluña y Moviment d’Esquerres), deberá convencer a la CUP (Candidatura de Unidad Popular, formación catalana de izquierdas), de que no se una con la oposición para bloquearlos. A la vez que, el Gobierno catalán recalca que con quien tiene un acuerdo de estabilidad es con la CUP y no con sus corrientes críticas, como Endavant.
El portavoz adjunto de JxSí en el Parlamento catalán, Roger Torrent, ha advertido de que la Generalitat “no se puede permitir ningún ajuste presupuestario más” que afecte a los servicios sociales.
El Gobierno central aprobó la semana pasada el programa de estabilidad para 2016-2019, que fija un techo de déficit para el conjunto de las administraciones del 3,6 % en 2016. Más concretamente, las comunidades autónomas tendrán que hacer ajustes por importe de 2.037 millones de euros para cuadrar sus cuentas y no superar el objetivo de déficit del 0,7 % para este año.
En el caso de Cataluña, el ministro Montoro apuntó que esta Comunidad no ha aprobado sus cuentas de 2016 y que funciona con el presupuesto prorrogado de 2015, y con un déficit del 2,70%, muy superior al exigido del 0,7 por ciento.
La aparente buena sintonía, entre el Gobierno y la Generalitat, se produce cuando se cumplen veinte años del “acuerdo de gobernabilidad”, en una imagen similar, entre los presidentes José María Aznar y Jordi Pujol, el 27 de abril de 1996. EFE

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