El nuevo Código Penal de Ecuador nace cuestionado

Ecuador ha aprobado un nuevo Código Penal, un texto que nace cuestionado, ya que, incluso antes de que se convierta en ley, se anuncian desde la oposición recursos de forma y quizás, de fondo.
Policías de Ecuador vigilando una cárcel tras una fuga. EFE/Archivo/Cecilia PueblaPolicías de Ecuador vigilando una cárcel tras una fuga. EFE/Archivo/Cecilia Puebla

Jesús Sanchis Moscardó 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), nombre oficial del nuevo cuerpo legal, fue aprobado el pasado 17 de diciembre por 101 votos y será remitido al Ejecutivo para su posterior ratificación u objeción total en las próximas semanas. 

La tramitación parlamentaria del proyecto estuvo rodeada de polémica desde su gestación en la Asamblea Nacional y ahora, una vez que los legisladores le han dado luz verde con el apoyo mayoritario del oficialismo, tampoco escapa a la controversia, como reveló de inmediato la oposición al confirmar que presentará un recurso de inconstitucionalidad “por la forma”.

Los legisladores opuestos a la aprobación no descartan presentar un nuevo recurso por razones de fondo, al entender que figuras como el “pánico financiero”, que sanciona informaciones falsas en materia económica, pueden chocar con la Constitución.

Otro aspecto que será estudiado por los opositores será el tratamiento que el código da a la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado que, de acuerdo con la versión de Tiempo de Cambio, permitiría castigar a compañías mercantiles, fundaciones e incluso clubes deportivos al margen de la responsabilidad que tuvieran sus directivos.

El texto incluye nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato (asesinato pagado), el tráfico de migrantes, la trata de personas, la omisión de denuncia de tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual en conflicto armado. Otras acciones punibles con el nuevo texto penal son la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la retención ilegal de aportes a la seguridad social y el enriquecimiento privado no justificado.

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