El muro constitucional

El muro constitucional Todos los acuerdos del Gobierno catalán para organizar un referendo de autodeterminación han sido suspendidos por los tribunales, que han comenzado a detener a sus impulsores e incautarlos materiales de votación, porque la Constitución española de 1978 establece que solo el conjunto del estado puede ser llamado a las urnas en una consulta popular.
 Fachada del edificio del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE/Archivo Javier Lizón Fachada del edificio del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE/Archivo Javier Lizón

 

Evaristo Amado

Las últimas detenciones de dirigentes del Gobierno catalán y los registros en decenas de edificios gubernativos, de la administración y empresas que se han producido a diez días de la fecha marcada por el Gobierno catalán para convocar una consulta unilateral sobre la independencia han llevado al terreno policial una confrontación jurídica iniciada hace años.
La sucesión de actuaciones encaminadas a detener la consulta unilateral sobre la independencia se desencadenaron a principios de septiembre, cuando el parlamento catalán aprobó una reforma de la cámara -suspendida por los tribunales- que le permitiría convocar el referéndum y tramitar por la vía urgente una ley para ‘desconectarse’ de España.
Pero el proceso judicial se inició en 2013, cuando el Tribunal Constitucional -el de mayor rango en España sus pendió una declaración soberanista del parlamento catalán que pretendía desembocar en una consulta popular para el 9 de noviembre de 2014.

Finalmente, el Gobierno catalán no la llevó a cabo, aunque permitió que organizaciones sociales realizaran en espacios públicos una votación alternativa, de carácter simbólico y sin valor legal.

Comenzaba entonces una larga serie de decisiones judiciales en contra de la consulta soberanista, una iniciativa que no tiene cabida legal en el régimen jurídico español por chocar frontalmente con la Constitución Española, aprobada en referéndum en 1978.
La Constitución Española reconoce la existencia de “comunidades autónomas”, con competencias propias, dentro de su marco administrativo. Se trata de una especie de ‘estados federales’ -al modo de los ‘länder’ alemanes, por ejemplo- con competencias propias y conformadas por provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.
Pero, en su actual redacción, la Constitución no ampara la realización de un referéndum de autodeterminación en algunas de las comunidades autónomas sin una previa reforma de la misma, porque su Título Preliminar establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto (artículo 1.2) y proclama “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (artículo 2).
Por ello, y como ya dejó claro una sentencia del Tribunal Constitucional de 2008 -sobre una ley de convocatoria y regulación de una consulta popular de autodeterminación promovida por el parlamento de otra comunidad autónoma, el País Vasco- , una consulta de ese tipo “supone la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano”.
Este principio de soberanía nacional, que el parlamento catalán ha obviado en los preparativos de la consulta apelando a legislación internacional sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación, obliga en todo caso a modificar la Constitución Española en cualquier hipotético proceso de independencia de uno de los territorios del estado.
Sería además una reforma muy compleja, ya que afectaría al Título Preliminar del texto constitucional.
Debido a este choque con los principios de la ley fundamental, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó en marzo de este año al expresidente catalán Artur Mas a dos años de inhabilitación, por delitos de desobediencia, a raíz de la consulta alternativa promovida por organizaciones sociales en el año 2014.
Y, tras varios años de resoluciones en los tribunales contrarias a los pasos previos a la consulta programada de forma unilateral para el primer día de octubre, la Fiscalía Superior de Cataluña ordenó el pasado 12 de septiembre a todos los cuerpos policiales con presencia en Cataluña -Guardia Civil, Policía Nacional, nacionales; y Mossos d’Esquadra, cuerpo propio de Cataluña- que requisasen urnas y material de la consulta.

El caso vasco

Muchos detractores del proceso independentista en Cataluña han reprochado en los últimos tiempos a los dirigentes del Gobierno regional que hayan optado por la vía unilateral.
Todos ellos recuerdan que hace doce años el entonces presidente del País Vasco José Ibarretxe llegó a defender en el Congreso -el parlamento nacional- su plan de libre asociación con el Estado.
Entonces, cuando el Congreso rechazó la propuesta, Ibarretxe acabó aprobando una ley para consultar al pueblo vasco sobre el derecho a decidir.
En 2008, tras un recurso del Gobierno central, el Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley. En las elecciones del año siguiente, Ibarretxe no logró la mayoría suficiente para gobernar y el líder de un partido no nacionalista, Patxi López (PSOE) se convirtió en lehendakari -la denominación oficial del presidente vasco-. EFE

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Publicado en: Análisis