ESPAÑA CATALUÑA

El Constitucional español frena la norma que acelera independencia catalana

El Tribunal Constitucional español suspende cautelarmente la reforma del reglamento del Parlamento regional de Cataluña que permite acelerar la aprobación de leyes propias como la que serviría para convocar un referéndum sobre la independencia de ese territorio.
Vista de la sede en Madrid del Tribunal Constitucional español.EFE/Emilio NaranjoVista de la sede en Madrid del Tribunal Constitucional español.EFE/Emilio Naranjo

Los magistrados del Tribunal Constitucional acordaron por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por Gobierno español el 28 de julio contra esa modificación, lo que conlleva la suspensión temporal de la norma -durante cinco meses-, mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto.

Además, prohíben expresamente a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa (órgano de dirección de la cámara) la tramitación de proposiciones de ley por el procedimiento abreviado de “lectura única” (como establece la reforma impugnada), que permite un único debate en sesión plenaria si así lo acordase la cámara.

También son advertidos de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.

El Ejecutivo español se basa en un informe del Consejo de Estado (máximo órgano político consultivo), que considera que el cambio del reglamento vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido por la Constitución Española.

La reforma parlamentaria catalana fue aprobada el 26 de julio con el apoyo mayoritario de los separatistas de Junts pel Sí (coalición de centroderecha y republicanos de izquierda) y la CUP (anticapitalista y antisistema).

Esos dos mismos grupos han registrado este 31 de julio  en el Parlamento catalán una proposición de ley de referéndum de autodeterminación, que el Gobierno regional quiere convocar para el 1 de octubre próximo y que el Ejecutivo español rechaza abiertamente.

La propuesta legislativa afirma que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político soberano” y, como tal, “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente”.

El ministro español de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo que el Gobierno sigue firme en la posición de “poner en marcha todos los instrumentos legales que tenga en su mano para evitar que se celebre un referéndum ilegal” en Cataluña.

Por su parte, el presidente de esa región autónoma del noreste español, Carles Puigdemont, afirmó que está dispuesto a aceptar “todas las consecuencias”, incluso ir a prisión, antes que ceder en el referéndum, según declaró en una entrevista concedida al canal de información financiera Bloomberg. EFE