CONGRESO PENSIONES

El Congreso aprueba el proyecto de ley de reforma de las pensiones

El Pleno del Congreso aprueba definitivamente el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que establece que estas prestaciones subirán el 0,25 % en tiempos de crisis y del 0,5 % en los de bonanza.
El Congreso aprueba el proyecto de ley de reforma de las pensiones

 

  EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA

 El Gobierno español aprobó el 27 de septiembre de 2013 el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que regulará el factor de sostenibilidad y la revalorización del sistema de la Seguridad Social no vinculado directamente a la inflación.    Este proyecto está basado en la propuesta del comité de expertos para incorporar el factor de sostenibilidad.

   La última reforma aprobada en el Congreso, el 15 de marzo de 2013, modifica las condiciones de las jubilaciones anticipadas y parciales y supone la séptima modificación legal de las pensiones.

  El real decreto-ley recoge que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor. Además desincentiva la jubilación parcial y traspasa a las empresas el coste de despedir a trabajadores de más de 50 años.

   El sistema público de pensiones ha experimentado sucesivos cambios normativos desde los ochenta.

  Los acuerdos  derivados de los Pactos de la Moncloa, suscritos en 1977 por los partidos parlamentarios, permitieron transformar el complejo conjunto de seguros sociales heredados de la dictadura en una Seguridad Social similar a las establecidas en la Europa democrática tras la Segunda Guerra Mundial.

    Las reformas se iniciaron en 1985 con la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social, que supuso endurecer los requisitos de acceso al sistema y un ajuste de las prestaciones.

   La norma, contestada por los sindicatos con la primera huelga general de la democracia, establecía un mínimo de quince años de cotización para tener derecho a una pensión y elevaba el periodo para calcular su importe de 2 a 8 años.

    En 1990 se produjo la universalización del sistema, mediante una ley que establecía las pensiones no contributivas para ciudadanos que no hubiesen cotizado nunca o lo suficiente.

   Previamente, en 1986 y 1989, la Seguridad Social ya había sufrido modificaciones con la Ley de Sanidad y de Presupuestos. La conveniencia de que las posteriores reformas estuviesen al margen de  intereses partidistas y gozasen del consenso de los agentes sociales dio origen al Pacto de Toledo.

  Aprobado el 6 de abril de 1995, establecía las medidas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones de la Seguridad Social. Recomendaba  separar las fuentes de financiación, mantener el poder adquisitivo de las pensiones y constituir reservas para períodos de bajada de ingresos.

     La Ley de Consolidación y Racionalización de 1997 es el resultado del compromiso adquirido por todos los partidos en el Pacto de Toledo. Establecía que las cotizaciones sociales financiarían las prestaciones contributivas, mientras que las aportaciones del Estado sufragarían las no contributivas y universales.

    Proponía constituir un fondo de reserva con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales y aumentaba de 8 a 15 años el periodo de referencia para calcular la pensión. Su cuantía se establecía en el 100 % para beneficiarios con 35 años cotizados, con 25 años se obtenía el 80 % y con 15 años, el 50 %.

    La ley introducía la revalorización automática de las pensiones en función de la inflación y mantenía la edad legal de retiro en 65 años. Con la reforma se equiparaban las pensiones de viudedad para menores de 64 años y se ampliaban las de orfandad hasta los 21 años si falta un progenitor y hasta los 23 si faltan los dos.

    También Gobierno, patronal y sindicatos firmaron en 2001 el Acuerdo sobre Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social, que mejoraba las pensiones mínimas, de viudedad y orfandad, y establecía incentivos para retrasar la edad de jubilación.

   El Gobierno se comprometió a permitir la jubilación anticipada a partir de los 61 años a trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad al 1 de enero de 1967, si contaban con 30 años cotizados.

    En 2002 se aprobó la Ley de Jubilación Gradual y Flexible, y en 2007 se legisló sobre los compromisos del acuerdo firmado un año antes por agentes sociales y el Ejecutivo.

   La ley contemplaba extender la pensión de viudedad a las parejas de hecho y recompensaba la prolongación de la vida laboral, aunque endurecía el periodo mínimo para acceder a pensión y restringía el acceso a la jubilación parcial.

     La reforma aprobada en el Congreso el 21 de julio de 2011 retrasaba la edad de jubilación de 65 a 67 años y aumentaba de 15 a 25 años el cálculo de la pensión. 
    EFE/DOC

Etiquetado con: ,
Publicado en: Documentos