El Congreso aprieta el paso en una semana de nuevas negociaciones

A menos de un mes para que expire el plazo para formar gobierno, la actividad parlamentaria se intensifica esta semana con un Mariano Rajoy que regresa al Congreso como presidente en funciones en medio del conflicto institucional entre la Cámara baja y el Gobierno que puede acabar en el Tribunal Constitucional.
Sesión constitutiva del Congreso que inauguró el 13 de enero de 2016 la la XI legislatura. EFE/Archivo/J. J. Guillén Sesión constitutiva del Congreso que inauguró el 13 de enero de 2016 la la XI legislatura. EFE/Archivo/J. J. Guillén

Después del parón por la Semana Santa y en unos días que coinciden con la reanudación de las negociaciones para la investidura, esta vez a tres bandas entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, que mantendrán una reunión el próximo juevesel Congreso celebra desde este martes el segundo pleno ordinario de la legislatura.

Será la primera vez desde las elecciones del pasado 20 de diciembre que la Cámara debata iniciativas con rango de ley. 

La primera proposición a debate será una reforma del estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana que quedó pendiente en la pasada legislatura y que busca mejorar la financiación de las arcas públicas de la región.

Una delegación de las Cortes valencianas acudirá al Congreso a defender desde la tribuna la iniciativa, que comenzará así un largo trámite parlamentario que, de frustrarse la investidura y disolverse de nuevo las Cortes, quedaría otra vez interrumpido.

La segunda iniciativa con rango de ley que pasará este martes por el pleno del Congreso será una proposición del PSOE encaminada a suspender el calendario de implantación definitiva de la reforma educativa del PP. 

El PSOE, que confía en contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios salvo lógicamente el PP, pretende evitar la entrada en vigor de aquellas disposiciones que todavía no han tenido una vigencia efectiva en la norma, como es la evaluación final de Primaria que debe hacerse a finales de este curso.

Ya el miércoles por la mañana regresará Mariano Rajoy al Congreso ejerciendo plenamente como presidente del Gobierno en funciones para dar cuenta de las últimas decisiones de la UE sobre la crisis de los refugiados. 

Hace un mes, durante la fallida sesión de investidura del socialista Pedro Sánchez, acudió con un papel secundario ya que era el líder del PSOE quien se sometía a la confianza de la Cámara.

Pese a ello, Rajoy ya ha dejado claro que su comparecencia del próximo miércoles es meramente informativa aunque se da por seguro que los grupos aprovecharán su asistencia para pedirle cuentas por otros asuntos, a menos de un mes para que expire el plazo para formar gobierno o se convoquen nuevas elecciones.

Entre estos asuntos figura, en primer lugar, la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse al control parlamentario ordinario y que aboca a un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. 

Tanto Rajoy como sus ministros se niegan a acudir a cualquier sesión de control que pudiera convocarse -posiblemente habrá una en dos semanas- al entender que no tiene que rendir cuentas ante un Parlamento que no le dio la confianza.

Sí ha aceptado el Gobierno acudir al Congreso, aunque de forma extraordinaria, para cuestiones que se limitan a su labor exclusiva como Ejecutivo en funciones.

En esa labor se enmarca la comparecencia del miércoles de Rajoy ante el pleno por la crisis de los refugiados, o la que protagonizará el jueves en comisión el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la desviación de los objetivos de déficit público conocidos el pasado jueves.

Ante este duelo institucional, el Congreso aprobará con toda probabilidad este miércoles la presentación de ese conflicto de atribuciones ante el Constitucional, al entender que el Gobierno puede estar en funciones pero no el Parlamento, que mantiene intacta su capacidad de control.

Los socialistas, principales promotores de llevar el asunto al TC, reconocen que el proceso que se abre por esta vía es tan largo que, cuando el tribunal dicte su resolución, puede haber ya un nuevo gobierno, pero aseguran que su deber es defender los poderes constitucionales del Congreso.

Una vez que el pleno apruebe requerir formalmente al Gobierno que revoque su decisión de no someterse al control parlamentario, el Ejecutivo dispondrá de un mes de plazo para presentar alegaciones, lo que alarga a su vez la resolución judicial de este contencioso.

De forma paralela a este recurso y pese al anuncio del Ejecutivo de que no acudirá a sesiones de control, la Junta de Portavoces del Congreso abordará este martes la convocatoria de un pleno de control para la siguiente semana.

La idea inicial era que hubiera sesión de control ya este miércoles, pero la falta de acuerdo que existía entre los grupos para repartirse el cupo de preguntas orales lo ha impedido.

El presidente del Congreso, Patxi López, que ha defendido que la Mesa que él preside ha sido hasta ahora “muy escrupulosa” con el visto bueno a las preguntas escritas dirigidas al Gobierno, se ha comprometido a “hacer lo propio” con las preguntas orales e interpelaciones que se vayan presentando.

De confirmarse la convocatoria de esa sesión de control y la negativa del Gobierno a acudir a la llamada del Congreso, podría registrarse otra situación inédita en democracia, con un banco azul desierto que dejará de responder a las preguntas de la oposición. EFE