El anuncio de la reforma del aborto causa una gran oposición

El pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la reforma del aborto, bajo el epíteto de “Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada”.
Manifestación a favor del aborto en Madrid en septiembre de 2013. EFE/Archivo/Alberto MartínManifestación a favor del aborto en Madrid en septiembre de 2013. EFE/Archivo/Alberto Martín

María López

El anteproyecto elimina la ley de plazos actual y vuelve al sistema de supuestos, reduciéndolo a dos: violación y riesgo de salud para la madre. De aprobarse en sus términos actuales, ésta sería la  legislación más restrictiva en democracia y colocaría a España entre los países más represivos del mundo.

La reforma se presenta como un proyecto del ministro de Justicia, Alberto Luis Gallardón y al margen de Ana Mato, pese a que la planificación familiar y las políticas de igualdad dependen del Ministerio de Sanidad. Este detalle adelanta el contenido de una reforma sin consenso, que el PP impulsa escudándose en su programa electoral y que sólo contenta al ala más radical del electorado conservador. Aunque en fase inicial, el proyecto carece de debate en el ámbito de salud femenina.

Desaparece el supuesto de malformación del feto para abortar, lo que ha despertado las críticas de profesionales médicos. Gallardón afirma que cumple un mandato de la ONU, que sólo recomendó que el aborto del feto con discapacidad se equiparase al aborto voluntario para evitar la discriminación. El titular de Justicia afirma que la legislación defiende la vida y a la mujer embarazada, pero el informe no contiene medidas de apoyo y la Ley de Dependencia se vacía de recursos con la crisis. La única “garantía” consiste en no castigar penalmente a la mujer, en su lugar, los médicos se enfrentarán a tres años de prisión por practicar abortos ilegales.

La restricción del aborto no reduce el número de interrupciones, sino que aumenta la inseguridad. Los abortos inseguros causan la muerte a 47.000 mujeres al año y provocan discapacidad a 5 millones, según la OMS. Con la voluntariedad desaparecida, el 91,3% de los casos, las mujeres tendrán que viajar a otros países europeos o interrumpir su embarazo clandestinamente si no cuentan con recursos.

Esta legislación supone un retroceso para todos los grupos parlamentarios salvo para el Partido Popular y UPN. El anuncio también ha despertado la oposición del Gobierno francés y de la prensa extranjera: el Times lo califica de “abuso de poder”. En el  seno del PP crecen las voces discordantes: además de las conocidas posiciones de Cristina Cifuentes y Celia Villalobos, contrarias a la propuesta, otros dirigentes como el vasco Borja Sémper piden el voto en conciencia. En el PSOE Elena Valenciano encabeza la resistencia y ha redactado una carta pidiendo el apoyo de las diputadas populares. Desconcierta la insistencia del Gobierno, liberal en lo económico, en convertir la conciencia individual en cuestión de Estado.

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