EEUU, el Papa acepta la renuncia del obispo acusado de abusos

En su viaje a EEUU, el papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo Michael J. Bransfield, acusado de abusos sexuales a menores en Filadelfia. En un comunicado, el Vaticano informó de que "Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Wheeling-Charleston presentada por monseñor Michael J. Bransfield".
El papa Francisco saluda a los feligreses en su audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EFE/Archivo
El papa Francisco saluda a los feligreses en su audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EFE/Archivo

 

Bransfield ya jubilado, en su lugar ha sido nombrado administrador apostólico sede vacante, es decir, en espera del nombramiento de un nuevo obispo, a William Edward Lori, arzobispo de Baltimore, a quien le ha encargado una investigación sobre las acusaciones contra Bransfield.

“Prometo llevar a cabo una investigación exhaustiva en busca de la verdad en las preocupantes acusaciones contra el obispo Bransfield y trabajar en estrecha colaboración con el clero, los religiosos y los líderes laicos de la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo”, dijo el arzobispo Lori.

La audiencia que el papa Francisco ha mantenido con significados miembros de la Iglesia Católica de EEUU tiene lugar en medio de la tormenta de casos sobre abusos a menores. En agosto de 2018, la Corte Suprema del estado de Pensilvania publicó un informe de 1.356 páginas con documentación de 300 supuestos casos de “sacerdotes depredadores” sexuales ocurridos en las diócesis de Greenburg, Eire, Scrantom, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh.

En el informe, el gran jurado autor del mismo que identificó a unos 1.000 menores víctimas criticaba que todos los casos, demasiados antiguos para ser juzgados, fueron dejados de lado por los líderes de la iglesia “que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo”.

 

EEUU

Las denuncias por abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en EEUU salieron a la luz y se multiplicaron en la década de los noventa, afectando a diócesis grandes y pequeñas, desde Boston a Chicago, Honolulu, Palm Beach, Filadelfia o Los Ángeles.

El 2 de junio de 1998 se produjo la primera dimisión en la jerarquía estadounidense. El obispo de la diócesis de Palm Beach, J.Keith Symons, renunciaba a su puesto tras admitir “comportamiento sexual inapropiado” con cinco menores.

Le siguió en 2002 el cardenal arzobispo de Boston, Bernard Francis Law, cuya dimisión ocasionó un escándalo sin precedentes en la iglesia católica. Law confesó haber protegido a un párroco que abusó de jóvenes de su comunidad.

Ese año, además, el Vaticano era mencionado por primera vez en una demanda contra la Iglesia estadounidense como encubridor de sacerdotes pederastas al transferirlos de estado o sacarlos fuera del país para evitar los juicios.

Las numerosas denuncias posteriores llevaron a la Conferencia Episcopal de EEUU a abrir una investigación y bajo la supervisión vaticana, se adoptaron en 2002 las “Essential Norms” (Normas Básicas) destinadas a atajar la pederastia.

En 2008, en el primer viaje del papa Benedicto XVI al país calificaba estos escándalos como “una vergüenza que no se cebe repetir” y admitía que “fueron pésimamente gestionados”.

No obstante, dos años después, la prensa estadounidense se hizo eco de nuevos casos de abusos a menores. The New York Times revelaba que las autoridades vaticanas encubrieron al sacerdote Lawrence C.Murphy, fallecido en 1998, quien supuestamente había abusado de unos 200 menores sordos durante más de 20 años en una escuela de Wisconsin.

Los hechos motivaron una demanda que en 2010 interpusieron varios abogados en nombre de una supuesta víctima del citado sacerdote contra la Santa Sede y sus responsables: el papa Benedicto, el entonces cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone y el cardenal Angelo Sodano, anterior secretario de Estado.

Pero los escándalos continuaron cuando en 2010 la Archidiócesis de Los Ángeles hizo pública una declaración jurada del cardenal Roger Mahoney en la que admitía no haber denunciado el abuso sexual al que en 1986 fueron sometidos dos niños por parte de un sacerdote.

Y un año después, la orden de los jesuitas aceptaba pagar más de 166 millones de dólares, el mayor pago económico realizado por una orden católica, a las más de 500 víctimas, la mayoría indígenas, que sufrieron abusos cuando eran niños en las escuelas católicas de los estados de Oregón, Washington, Alaska, Idazo y Montana entre 1940 y 1990.

Según un informe publicado en 2015 por National Catholic Reporter (NCR), el periódico dirigido por la comunidad católica estadounidense, para resolver muchos de esos casos, algunos de forma extrajudicial, la Iglesia de EEUU había desembolsado hasta esa fecha unos 4.000 millones de dólares.

En otras ocasiones, algunas diócesis se acogieron a la protección de bancarrota para evitar el pago de indemnizaciones. La de Portland (Oregón) fue la primera declarada en bancarrota en julio de 2004 y le siguieron, entre otras, Tucson (Arizona), Spokane (Washington), Fairbanks (Alaska), Davenport (Iowa), San Diego (California) y Wilmington (Delaware).

Como novedad, en 2014, la archidiócesis de Chicago (Illinois) tuvo que divulgar por internet, como parte de un acuerdo judicial, más de 6.000 páginas de documentos sobre abusos cometidos por sacerdotes a menores y la omisión de la Iglesia para proteger a los niños. EFE

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