Dos opciones para Cataluña: Gobierno independentista sin Puigdemont o 155

El desenlace de la sesión de investidura, de momento aplazada, determinará la dirección que toma el gobierno en Cataluña, con dos opciones posibles: Ejecutivo independentista que no tenga a Carles Puigdemont al frente o administración a cargo del Gobierno central hasta que se repitan las elecciones regionales.
Bancada vacía en el Pârlamento catalán. EFE/ArchivoBancada vacía en el Pârlamento catalán. EFE/Archivo

 

Carlos Moral

 

La posibilidad de que Puigdemont pueda ser elegido legalmente presidente catalán está descartada. Los independentistas pueden insistir en su candidatura e incluso aprobarla en virtud de su mayoría parlamentaria, pero con el expresidente en Bélgica y una orden de detención esperándole si regresa a España, esa elección no pasaría de un gesto meramente simbólico y sin efecto, en la misma línea que la declaración de independencia del 27 de octubre y el referéndum del 1 de octubre.

Para la eventual elección de Puigdemont el Tribunal Constitucional exigió, en una decisión cautelar, que el expresidente acudiese al Parlamento catalán, previo permiso del Tribunal Supremo. Es más que improbable que esta instancia judicial autorizara a Puigdemont, porque ya ha denegado la presencia en el pleno de investidura de los otros líderes independentistas actualmente en prisión, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras.

Así pues, si los independentistas insisten en su posición y no se avienen a buscar otro candidato, el autogobierno de Cataluña continuará suspendido en virtud del artículo 155 de la Constitución -el que permite la intervención del Estado en una región- y, por tanto, la administración catalana seguirá en manos del Gabinete de Mariano Rajoy.

 

El coste del bloqueo 

La renuncia a formar gobierno de los independentistas conduciría a un nuevo bloqueo político en Cataluña, puesto que las otras formaciones políticas con representación en el Parlamento no suman los suficientes escaños para acceder a la Generalitat.

Ello supondría que se prolongue la situación de incertidumbre que ya ha tenido efectos relevantes en la economía catalana, con el cambio de domicilio de numerosas empresas desde el referéndum ilegal del 1 de octubre pasado, y que continúe la parálisis administrativa y la nula actividad legislativa que afecta a la región desde hace meses.

Para los independentistas rehusar a formar gobierno también supone consecuencias directas: la más importante es perder el control de los resortes de poder de la administración autonómica. Ello puede debilitarles social, política y económicamente y, por extensión, también puede dañar el proceso soberanista que promueven.

Los secesionistas no componen un bloque monolítico y los últimos acontecimientos han puesto de relieve la latente división entre las dos principales formaciones políticas, Junts per Catalunya y ERC, e incluso en el seno de las propias organizaciones.

Tras las elecciones del 21 de diciembre los partidarios de la independencia disponen de mayoría en el Parlamento catalán pero, caso de convocarse nuevos comicios y dado lo ajustado de los últimos resultados, su actual ventaja se pondría en riesgo.

 

 

¿El fin de la unilateralidad? 

Si finalmente los soberanistas eligen un candidato alternativo para presidir la Generalitat y un nuevo gobierno autonómico se pone en marcha, el primer interrogante es si se ceñirá al marco legal o volverá a la llamada vía unilateral de la última legislatura, que supone desafiar el ordenamiento jurídico y exponer a sus miembros a procesos y condenas judiciales.

Antes de las elecciones autonómicas de diciembre las declaraciones de los líderes independentistas apuntaban hacia el abandono de la unilateralidad, pero la investidura ha puesto de relieve que esta línea aún cuenta con numerosos seguidores.

Entre los abiertos partidarios de la vía unilateral se cuenta la CUP, la formación de izquierda radical independentista que apoyó al Gobierno de Puigdemont en la anterior legislatura y que intentará hacer valer el peso de sus cuatro escaños en el Parlamento catalán.

En cualquier caso, tras meses de abierta confrontación con el Estado, que se han saldado con la pérdida de la Generalitat, consecuencias económicas indeseadas, una creciente fractura social en Cataluña y sin avances reales en el objetivo de la independencia, si finalmente los secesionistas forman gobierno es previsible que opten por aparcar la vía unilateral y buscar cierta estabilidad.

 

Repetición de elecciones 

Si el bloqueo persiste y no se hay nuevo gobierno en Cataluña quedaría abierto el horizonte de nuevos comicios regionales. A tenor de la tendencia que reflejan los resultados de las últimas convocatorias electorales no pueden concebirse demasiadas esperanzas de que supusieran la salida al contencioso.

El plazo para la convocatoria es dudoso. La ley establece que si en dos meses desde la primera votación de investidura no se ha formado gobierno, el Parlamento catalán se disuelve automáticamente y se convocan comicios. En ese caso, serían en mayo o junio.

Sin embargo, no está claro que la sesión de investidura llegue a producirse y, en último caso, la interpretación de si el plazo empieza a contar o no correspondería a los letrados del Parlamento catalán.

Si no hay investidura, la convocatoria de elecciones correspondería al Gobierno de Mariano Rajoy, que se encarga de la administración autonómica en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aprobado por el Senado tras la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. EFE 

 

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