El difícil desbloqueo de la reforma del Estatuto de Autonomía vasco

Las insalvables diferencias entre los partidos nacionalistas y el resto amenazan con perpetuar el bloqueo en la reforma del Estatuto de Autonomía vasco, cuyas negociaciones coinciden con el conflicto generado por el desafío independentista en Cataluña.
 El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante un pleno en el Parlamento Vasco. EFE/Archivo/David Aguilar
El lehendakari, Iñigo Urkullu, durante un pleno en el Parlamento Vasco. EFE/Archivo/David Aguilar

 

Carlos Moral

 

La inclusión en el nuevo texto del derecho a decidir y de la naturaleza de la relación entre España y el País Vasco, que para los nacionalistas vascos debe ser igualitaria en lugar de subordinada -lo denominan bilateralidad-, constituyen la principal materia de conflicto, que se extiende a la definición de la identidad de Euskadi.
La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco aprobó el pasado miércoles, con el apoyo del PNV -nacionalistas moderados- y EH Bildu -izquierda radical independentista- la propuesta de Preámbulo de un nuevo Estatuto, en la que se recoge el derecho a decidir y se aboga por una relación bilateral y confederal con el Estado, rechazada por socialistas, PP y Elkarrekin Podemos -marca vasca de Podemos-.
Si para PNV y EH-Bildu derecho a decidir, bilateralidad y definición de Euskadi como nación son puntos determinantes, en opinión de las otras tres formaciones, esos puntos chocan con la Constitución y la legalidad.
En el acuerdo de legislatura suscrito por el PNV, el partido mayoritario en el Parlamento vasco, y los socialistas vascos del PSE en otoño de 2016, acordaron elaborar antes de ocho meses un borrador para la reforma del Estatuto de Gernika de 1979, el único estatuto autonómico que no se ha modificado hasta ahora. En la anterior legislatura una iniciativa similar concluyó sin avances. 

Como premisas para la reforma estatutaria, el Gobierno que comanda el lehendakari, Íñigo Urkullu, señaló el respeto a la ley, una amplia mayoría y transversalidad. De esta forma, se configuraba una propuesta que seguía el camino opuesto a la puesta en marcha por los nacionalistas catalanes.

Sin embargo, muchos meses de trabajo después, no se adivina cómo puede resolverse la ecuación sin cambiar sus variables, porque el consenso amplio y la transversalidad están lejos, y numerosos expertos dudan de que los cambios que plantea el PNV sean posibles con el actual ordenamiento jurídico.
Es, por ejemplo, la opinión de uno de los que comparecieron ante la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, quien aseguró que “no hay margen para reformar” los estatutos vasco y catalán con la Constitución vigente y que para poder abordar cambios en la fórmula de integración en el Estado es necesario un nuevo pacto constituyente.
Abonan esa teoría las decisiones sobre el proceso independentista en Cataluña adoptadas por la Justicia, que prohibió el referéndum convocado por el Gobierno catalán y anuló la parte de la Ley de Consultas Populares de 2010 que facultaba a la Generalitat para la convocatoria de referendos de ámbito autonómico.
Tanto PSOE como PP rechazan las pretensiones del PNV, que solo cuenta con el apoyo de EH-Bildu -idquierda radical independentista-, puesto que Podemos considera que la razón de ser de la reforma estatutaria debe ser garantizar la igualdad y los derechos sociales. 
Desde que volvió al Gobierno vasco en 2012, el PNV ha apostado por la estabilidad y el acuerdo y ha recuperado su papel central en la política vasca. Además, en los dos últimos años, la aritmética electoral le ha proporcionado un papel decisivo en el Parlamento español que ha sabido capitalizar.
Por ello contrasta la distancia que separa al PNV del PP y el PSOE en la reforma del estatuto de autonomía, con su proximidad en otros ámbitos. Los nacionalistas eligieron a los socialistas como socios de gobierno, en detrimento de la izquierda radical independentista de EH Bildu, y han contado con el apoyo del PP para sacar adelante sus presupuestos regionales.
Esas buenas relaciones también permitieron al Gobierno de Mariano Rajoy aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 gracias a los votos del PNV, y han salvado las cuentas de 2018, pese a que los nacionalistas vascos habían condicionado su apoyo a las cuentas a la retirada del 155 en Cataluña, que aún sigue en vigor después de que el nuevo presidente catalán, Quim Torra, designara para su gobierno a dos consejeros en prisión y a otros dos huidos de la justicia.
El PNV ja justificado “por responsabilidad” su decisión, a través de la que se asegura las contrapartidas para el País Vasco que había negociado con el Ejecutivo.EFE 

 

 

 

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