Diálogo, la receta del Gobierno para desbloquear el contencioso catalán

Tras años de exclusiva respuesta judicial y a diez meses de la fecha prevista por la Generalitat para el referéndum sobre la independencia de Cataluña, el nuevo Gobierno ha decidido abrir un diálogo con las autoridades catalanas con el que pretende desbloquear el contencioso.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i) saluda al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reunión que ambos mantuviEl presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (i) saluda al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la reunión que ambos mantuvieron ayer, 20 de abril en La Moncloa. EFE/Paco Campos

Carlos Moral

 

De momento no se adivina cuál puede ser el espacio de encuentro, pues los independentistas plantean como irrenunciable el plebiscito y el Gobierno mantiene su rechazo tajante al mismo y exige el cumplimiento del ordenamiento jurídico, que impide la convocatoria.
Sin embargo, para el Gobierno central es prioritario resolver un problema enquistado y sobre el que gravita la dinámica política del país desde hace cuatro años. Y la Generalitat necesita alguna alternativa al callejón sin salida al que le conduce su apuesta por la independencia, de espaldas al Estado y que difícilmente va a encontrar reconocimiento y respaldo internacional.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha fortalecido su poder dentro del Gobierno con la cartera de Administraciones Públicas, pilota el giro en la política gubernamental y ya ha realizado algunos gestos, como el nombramiento del dialogante Enric Millo como delegado del Gobierno en Cataluña, o el anuncio de un encuentro -aún sin fecha- con el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
El mayor margen para el acercamiento está en los asuntos económicos. Las quejas de la Generalitat por el trato recibido están en la raíz de su desafío soberanista y es previsible que se debata en torno a asuntos como infraestructuras, transportes, servicios sociales y asistencia financiera.
Sin embargo, por el momento el Gobierno de Carles Puigdemont rechaza participar en la Conferencia de Presidentes regionales y en las negociaciones para un nuevo modelo de financiación autonómica que va a poner en marcha Sáenz de Santamaría con los líderes autonómicos. Las autoridades catalanas indican que no tiene sentido cuando en unos meses van a constituir un nuevo Estado.
Si en el capítulo económico hay espacio para una aproximación, en el territorial ésta resultará imposible si ninguna de las partes modifica sus criterios.
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló el pasado viernes que la Constitución tiene sus propias vías para ser reformada y pidió a los que quieren hacerlo qué concreten sus peticiones. Dejaba así un resquicio a un cambio constitucional, pero ¿cuál?
El PSOE contempla en su programa una reforma constitucional en sentido federal para un mejor encaje de las comunidades, pero no concreta cómo se articularía. Y para los secesionistas catalanes sería imprescindible que tal modificación abriera la puerta al derecho a decidir, que hasta hoy rechazan PP, PSOE y Ciudadanos.
Esas dos variables, reforma de la Carta Magna y derecho a decidir, delimitan los dos márgenes entre los que podría moverse la hipotética negociación.
Lo cierto es que la actual hoja de ruta independentista, que culmina con un referéndum antes del próximo mes de septiembre, no está exenta de complicaciones para el Gobierno catalán.
No es solo la dificultad de que su propuesta rupturista llegue a materializarse, sino que el Ejecutivo pende del inestable equilibrio que marca la CUP, con condiciones como las que han exigido para aprobar los próximos presupuestos, entre ellas una partida económica destinada al referéndum, que podría provocar que el Gobierno central lleve las cuentas al Tribunal Constitucional.
Otro asunto pendiente para la Generalitat es la resolución de los procesos judiciales que afrontan algunos de los dirigentes independentistas por actuaciones relacionadas con la secesión -consulta del 9 de noviembre de 2014 o la votación de la resolución independentista en el Parlamento catalán en julio pasado-.
Es el caso, entre otros, del expresidente Artur Mas; de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; del portavoz del PDECat (antigua Convergencia) en el Congreso, Francesc Homs; o de las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega.
En este convulso contexto, los independentistas catalanes han visto cómo los nacionalistas vascos del PNV, históricamente cercanos a la antigua Convergencia, han elegido una vía diametralmente opuesta a la suya para intentar conseguir sus objetivos de reforma estatutaria y mayor autogobierno.
Frente a la unilateralidad del proceso que puso en marcha el presidente catalán Artur Mas, el lehendakari, Ïñigo Urkullu, apuesta por un pacto que logre amplio respaldo y que respete los límites legales, a la vez que sitúa la economía como prioridad y prefiere como socios de gobierno a los socialistas del PSE-EE que a la izquierda independentista que representa Bildu.
La comparación con el proceso catalán es inevitable, especialmente porque hace una década fueron los nacionalistas vascos del PNV quienes promovieron la superación de los límites del Estatuto vasco y la convocatoria de una consulta sobre el futuro del País Vasco -Plan Ibarretxe-.
Aquel proyecto se saldó con un fracaso y en las elecciones de 2009 el PNV perdió el poder autonómico por primera vez en su historia.
En las próximas semanas Sáenz de Santamaría se entrevistará con Oriol Junqueras, el primer paso de una nueva etapa en la que el Gobierno de Rajoy parece dispuesto a tender puentes. Es posible que la propia dinámica del diálogo genere avances y ofrezca salidas al conflicto ahora difíciles de adivinar, porque a las dos partes les interesa encontrarlas. EFE

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Publicado en: Análisis