Déficit autonómico: ¿falta de financiación o de rigor?

¿Falta de rigor presupuestario de las administraciones autonómicas o falta de financiación del Estado? Ésos son los argumentos esgrimidos en la batalla que enfrenta a los ejecutivos de las comunidades y al Gobierno central tras conocerse las cifras del déficit público en 2015.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,Cristóbal Montoro. EFE/Archivo/Chema MoyaEl ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,Cristóbal Montoro. EFE/Archivo/Chema Moya

Carlos Moral 

Para el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la cuestión está clara: si tres comunidades autónomas (Galicia, País Vasco y Canarias) han cumplido los objetivos, las demás podrían haberlo hecho igual (el Gobierno señala en particular a los Gobiernos autonómicos salidos de los comicios de mayo).

Sin embargo, con la gestión de la sanidad, la educación y los servicios sociales en sus manos, las administraciones autonómicas consideran imposible reducir sus gastos con la actual financiación y anuncian una oposición frontal a cualquier recorte.

El Gobierno se ve así atrapado entre las demandas de las autonomías y las de Bruselas, que ante el nuevo incumplimiento del objetivo de déficit, anticipado por la CE cuando fueron aprobados los presupuestos, previsiblemente exigirá a España un plan de ajuste, cuyo cumplimiento vigilará estrechamente, aunque es posible que acceda a relajar el objetivo de este año (2,8 %). 

La respuesta del ministro al desfase autonómico ha sido emplazar a doce comunidades a que limiten su gasto, aprueben en quince días un acuerdo de no disponibilidad de crédito y elaboren un plan económico financiero.

Montoro indica que no reclama nuevos recortes, sino que los recursos adicionales que están recibiendo en 2016 se empleen en reducir el déficit y no en gastar más. En caso de no acatar el ajuste, cifrado en unos 10.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades, la Ley de Estabilidad contempla duras sanciones y hasta la intervención.

Transcurrido el plazo y previo examen de la documentación que envíen las comunidades, se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, en donde todos cada uno expondrá sus argumentos.

La réplica de los gobiernos regionales, con independencia de su signo político, ha sido anunciar que no aceptarán las exigencias de Montoro, a la vez que algunos exploran la formación de un frente común. Opinan que los compromisos demandados por el Gobierno central eran imposibles de cumplir y mucho más estrictos que los que se aplica a sí mismo.

De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno, el déficit conjunto de las comunidades autónomas en 2015 fue del 1,66 %, 0,96 puntos más alto que el objetivo marcado para el ejercicio (0,7 %), una diferencia a la que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, atribuye la desviación del objetivo de déficit general marcado por la UE (5 % frente al 4,2 % previsto).

Aunque la Seguridad Social también ha cerrado por encima de lo que debería (1,26 % del PIB, frente al 0,6 % fijado), esto se habría podido compensar, según Montoro, con la administración central, que mejoró el objetivo en dos décimas (2,7 % frente a 2,9 %).

Lo cierto es que la reducción del déficit de las comunidades autónomas apenas ha progresado en los últimos cuatro años. La cifra de 2015 es apenas 9 décimas inferior a la de 2014 (1,75 %), veinte inferior a la de 2012 (1,86 %), e incluso sobrepasa en 9 décimas a la lograda en 2013 (1,57 %).

Tres de las doce autonomías a las que se ha dirigido el ministro tienen gobiernos del PP (Madrid, Castilla y León y Murcia) y siete encabezados por el PSOE (Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Asturias, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana).

Completan la lista Cataluña, gobernada por los independentistas de Junts Pel Sí y que es la comunidad que más se desvió del objetivo de déficit (alcanzó el 2,70 %); y Cantabria, comandada por un partido regionalista con apoyo socialista.

El ministro ha propuesto abrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, una iniciativa que todos comparten, pero con el Gobierno en funciones y la cada vez más probable vuelta a las urnas habrá que esperar meses para que ese camino dé algún resultado.

Entre tanto, la negociación se presenta como la alternativa más deseable, porque aunque el Gobierno central tiene capacidad para sancionar e imponer su criterio, entrar en una batalla abierta con los Ejecutivos autonómicos, algunos de su propio partido, podría desencadenar consecuencias imprevisibles.EFE