Cultivos cocaleros: la clave para detener su crecimiento es el desarrollo rural inclusivo

El auge de los cultivos ilícitos desvela un problema de pobreza y abandono de zonas rurales alejadas. Para ser efectivos, los Gobiernos deberían ir más allá y emprender programas integrales de desarrollo rural
Jesús Quintana, jefe de la Oficina Subregional Andina del FIDA.Jesús Quintana, jefe de la Oficina Subregional Andina del FIDA.

Jesús Quintana, Jefe de la Oficina para Países Andinos y del Cono Sur del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

 

Una tendencia imparable

Las cifras de producción y consumo de drogas ilegales muestran una tendencia imparable, pese a los esfuerzos globales para impedirlo. Según los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), casi 250 millones de personas en el mundo consumieron al menos una vez drogas en 2015, de los cuales cerca de 30 millones tienen problemas de adicción a los narcóticos.

Se estima que el movimiento económico relacionado con las drogas supera el billón de dólares, alrededor del 1,5 % del producto interno bruto (PIB) mundial, del que el 70 % se blanquea en el sistema financiero, los paraísos fiscales y otras vías.

Los cultivos de cannabis, opio y coca (los de mayor presencia en el mundo) crecieron en los últimos años, pese a algunas reducciones temporales. En el caso de la coca, su extensión creció un 76 % entre 2013 y 2016, especialmente en Colombia, donde el área llegó casi a las 150.000 hectáreas en 2016, siendo el primer productor mundial. Perú y Bolivia también registraron repuntes tras ligeros descensos en los años anteriores.

Las circunstancias en las que se dan estos cultivos muestran características comunes en todo el mundo. Se concentran en zonas rurales aisladas, sin casi presencia del Estado, ausencia de servicios públicos de todo tipo, y que cuentan con cifras elevadas de pobreza y desigualdad, todo lo cual empuja a los pobladores a intentar cualquier actividad económica que les permita sobrevivir.

Los cultivos ilícitos, especialmente la coca, ofrecen una respuesta rápida a una situación de abandono y necesidad. Suelen necesitar pocos insumos y escasa asistencia técnica, tienen buena productividad y cuentan con precios estables y mercados garantizados, lo que los convierte en una opción rápida para los pequeños agricultores pobres.

La combinación de una alta rentabilidad, por la gran demanda mundial, junto con la situación de penuria de las familias rurales que lo cultivan, hace que los intentos por detener y eliminar los cultivos, que ponen énfasis mayoritariamente en la erradicación (voluntaria o forzada) y en la intervención militar o policial, no tengan el éxito deseado.

Crece la pobreza rural, crecen los cultivos ilícitos

Al tiempo que crecían los cultivos ilícitos en la región andina, ocupando los titulares, otro fenómeno igualmente grave, y estrechamente asociado, ocurría en algunas zonas de Latinoamérica, pero lejos de los reflectores. El crecimiento de la pobreza rural, tras unos años de reducción, en países como Perú y Ecuador, demuestra que los avances sociales son frágiles y necesitan esfuerzos continuados.

Más aún: según un informe reciente del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) sobre pobreza, crece la brecha entre los territorios más favorecidos y los más rezagados en las zonas rurales de América Latina.

Esta reversión de los avances logrados, debido tanto a la ralentización del crecimiento económico regional como al debilitamiento de los programas sociales aplicados en los últimos años, junto con el fracaso de las políticas puramente represivas contra los cultivos ilícitos, muestra la importancia de retomar la agenda de desarrollo rural inclusivo que ha ido desapareciendo de las prioridades políticas.

Desarrollo alternativo, pero sin fuelle

A pesar del atractivo innegable en zonas rurales pobres, numerosas evidencias muestran que las economías ilícitas no son efectivas en la reducción de la pobreza ni la malnutrición a medio plazo, lo que subraya, más aún si cabe, la necesidad de diseñar programas integrales de desarrollo rural en dichas zonas.

La región cuenta desde los ochenta con experiencias positivas de apoyo a pequeños productores rurales mediante el enfoque de desarrollo alternativo, que buscan reducir y eliminar los cultivos ilícitos mediante medidas productivas y sociales. Aunque algunos de estos programas fueron exitosos, su falta de continuidad, así como la primacía dada a la erradicación compulsiva, han impedido su implantación definitiva en una escala mayor.

Algunos nuevos enfoques buscan intensificar el trabajo de todos los sectores del Estado para aumentar la eficacia de los programas de desarrollo alternativo. En una iniciativa reciente, el Gobierno peruano, con apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), puso en marcha el Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible en la zona de influencia del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), principal zona cocalera del país.

Esta iniciativa, con un financiamiento de casi 80 millones de dólares, promociona negocios rurales inclusivos, apoyando actividades productivas, de transformación y comercialización de pequeños productores rurales en situación de pobreza, como alternativa a las plantaciones ilegales.

Además de fortalecer la presencia del Estado, se complementan otras acciones en marcha, tanto en infraestructuras como en servicios, lo que abarata los costos y aumenta la agilidad.

Este tipo de propuestas basadas en la inclusión económica y social muestra más aceptación y sostenibilidad a medio plazo, además de ser más eficientes económicamente, pero los Gobiernos deben comprometerse a presentar programas integrales y a mantener la inversión hasta revertir la situación de pobreza rural extrema.

Los cultivos ilícitos son en esencia un problema de desarrollo rural

Los cultivos ilícitos proporcionan una solución a corto plazo a muchos campesinos pobres sin otra alternativa. Sin embargo, a pesar de los ingresos y empleos generados, la marginación, estigmatización social, persecución legal y policial, y dependencia de delincuentes, narcotraficantes y terroristas, convierten a esta actividad en un pesada losa, por lo que las comunidades rurales prefieren las propuestas productivas y de servicios, siempre que muestren compromiso y continuidad.

Por su parte, la presencia previa de estos programas de desarrollo rural alternativo aumenta la credibilidad y aceptación de los gobiernos a la hora de implementar planes de erradicación, permitiendo contar con los pobladores rurales como sus mejores aliados para la derrota de la economía ilegal. Primero la zanahoria, luego el palo.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

 

Etiquetado con: , , , ,
Publicado en: Firmas

imagen

imagen