Cuarenta años de Audiencia Nacional

Creada por Real Decreto-Ley del 4 de enero de 1977, y publicada al día siguiente, el nacimiento de la Audiencia Nacional fue acompañado por otros dos: uno por el que se suprimía el antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) y otro por el que el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo se llevaba de la jurisdicción militar a la penal.
Cuarenta años de Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional creada en enero de 1977 a partir de un texto redactado por el magistrado Rafael de Mendizábal, con el apoyo del entonces ministro de Justicia, Landelino Lavilla y del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

Se trataba de configurar un tribunal único y diversificado que, por un lado hiciera frente a lo criminal de las nuevas formas de delincuencia organizada y que, por otro, asumiera las competencias en los asuntos contenciosos.

Su creación provocó el rechazo de los demócratas, que la consideraron como una prolongación del antiguo Tribunal de Orden Público (TOP), que aplicó la jurisdicción del franquismo contra los enemigos del régimen.  Buena parte de los recelos que generó, entre ellos en personas como Gregorio Peces Barba, se acrecentaron también porque el nuevo órgano judicial se surtió de los antiguos jueces del TOP.

Criticada por unos o alabada por otros, desde sus comienzos, lo cierto es que la Audiencia no ha parado de crecer, debido en parte al volumen de trabajo que concentra.

Con sede en Madrid, ejerce su jurisdicción en toda España, y es el órgano que más poder concentra en el ámbito de la instrucción de procesos penales, al tener atribuidas competencias sobre los delitos económicos de gran magnitud, tráfico de drogas organizado, delitos cometidos fuera del territorio nacional, extradiciones y terrorismo.

La Audiencia Nacional está INTEGRADA por seis Juzgados Centrales de instrucción Penal  y  cuatro Salas: De Apelación, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.   Además, están ADSCRITOS  a la Audiencia Nacional doce juzgados centrales de lo contencioso, un juzgado central de lo penal y un Juzgado de Menores.

Después, y en consecuencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, se produjo la incorporación de la Audiencia Nacional a la estructura judicial, lo que además fue seguido de una ampliación de sus competencias.

Éstas fueron desde el ámbito penal (delitos de terrorismo, narco-tráfico y crimen organizado) hasta lo laboral (procesos de impugnación de convenios colectivos con ámbito territorial superior al de la Comunidad Autónoma), pasando por lo contencioso-administrativo (como consecuencia de los recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado).

Se trataba de configurar un tribunal único y diversificado que, por un lado hiciera frente a lo criminal de las nuevas formas de delincuencia organizada y que, por otro, asumiera las competencias en los asuntos contenciosos. Su creación provocó el rechazo de los demócratas, que la consideraron como una prolongación del antiguo Tribunal de Orden Público, que aplicó la jurisdicción del franquismo contra los enemigos del régimen.

El magistrado Ángel Escudero fue el primer presidente de la Audiencia, que comenzó sus trabajos con la instrucción de cien sumarios, entre ellos el del denominado “caso Sofico”.  A éste le sustituyó, a los pocos meses, Rafael de Mendizábal.  Fueron años de intenso trabajo por la virulencia terrorista.  Sólo en 1982, 554 terroristas fueron puestos a su disposición (de ellos 379 ingresaron en prisión y el resto fue puesto en libertad) y  en 1983,  307 detenidos pasaron por sus dependencias (174 fueron encarcelados).  Pero también pasaron por allí casos como el envenenamiento masivo por el consumo de aceite de colza,  los primeros delitos monetarios,  las extradiciones en su totalidad y  hasta el convenio con EEUU.

Los magistrados, Gonzalo de la Concha Pellico (1986), Fernando de Mateo Lage (1986-1991), nuevamente Rafael de Mendizábal (1991-1992), Clemente Auger Liñán (1992-2001), José Carlos Dívar Blanco (2001-2008) y Ángel Juanes Peces (2009-2014) ocuparon la Presidencia de la Audiencia, que desde mayo de 2014, la ostenta el magistrado José Ramón Navarro Miranda. EFE/Doc

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