FRANQUISMO ARGENTINA

Se reúnen impulsores querella abierta en Argentina por los crímenes del franquismo

Los impulsores de la querella abierta en Argentina por crímenes del franquismo se reúnen en Buenos Aires con la magistrada que instruye la causa, antes de prestar declaración a lo largo de la semana.
Se reúnen impulsores querella abierta en Argentina por los crímenes del franquismo

   La apertura del proceso en España contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, llevó a muchas víctimas de la dictadura del general Franco a confiar en la justicia argentina para exigir una reparación. 

Aunque el Tribunal Supremo le absolvió por este caso, Garzón fue inhabilitado en febrero de 2012 por ordenar unas escuchas en prisión entre acusados en el “caso Gurtel” y sus abogados.

Las denuncias de familiares de víctimas del franquismo fueron presentadas en Argentina en virtud del principio de justicia universal que establece la aplicación de la ley penal fuera del territorio donde se cometieron los delitos.

La primera la presentó el 14 de abril de 2010 el español Darío Rivas, de 91 años de edad y residente en Argentina desde los 9 años. Su padre, Severino Rivas, fue fusilado en 1936 y sus restos fueron hallados en una fosa común en 2005.
A su denuncia se unieron las de más de 5.000 casos documentados de víctimas en Galicia. A pesar del gran número de denuncias y de las pruebas acumuladas, el 30 de abril de 2010 la Fiscalía Federal de Argentina rechazó que la Justicia de este país investigue los crímenes cometidos durante el franquismo, al considerar “ilegal” el inicio de un proceso que en España llevan a cabo “numerosos tribunales”.

A la decisión del fiscal Federico Delgado se unió la magistrado María Servini de Cubría, que el 5 de mayo decidió no admitir la denuncia presentada el 14 de abril en su juzgado del Tribunal Federal nº1 de Buenos Aires.

La Justicia argentina aceptó en mayo de 2010 la apelación que las víctimas habían presentado días antes contra la decisión de no investigar las denuncias. Los familiares de las víctimas, así como las asociaciones españolas de la memoria histórica, recibieron con júbilo la decisión del Tribunal de Apelaciones de Buenos Aires que el 3 de septiembre ordenó reabrir la causa.
En un exhorto enviado por la magistrada María Servini el 26 de diciembre de 2011, la juez federal pidió a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen del general Francisco Franco.

La Jueza solicitó nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad entre ellos mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La jueza Servini ordenó el 19 de septiembre de 2013 ordenó la busca y captura a través de interpol de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas, supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo, basándose en el Código penal argentino y en la Convención Internacional contra la tortura.EFE/DOC

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