ESPAÑA CATALUÑA

Crece el conflicto entre Gobiernos español y catalán tras denuncia por sedición

El conflicto institucional entre el Estado español y la región de Cataluña avanza un paso más, con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de denunciar por sedición a dos organizaciones independentistas, por los disturbios durante la operación para evitar el referéndum del 1 de octubre.
Varias personas duermen frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona, donde han acampado entre 200 y 300 persoVarias personas duermen frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona, donde han acampado entre 200 y 300 personas en protesta por la detención de 14 altos cargos del gobierno autonómico, técnicos de la Generalitat y directivos de empresas, por la organización del referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. EFE/Quique García

Aunque la denuncia, suscrita por el teniente fiscal de la AN Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ninguna persona en concreto, menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

Detalla, asimismo, todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre, cuando una multitud se manifestó ante la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil por orden judicial llevaba a cabo un registro, y en el marco de una operación con catorce detenidos.

La denuncia de la Fiscalía señala a la ANC y a Sánchez como responsables de organizar un turno de relevo de voluntarios, “conscientes de que dificultarían la intervención policial”, haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía.

Explica que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

A Cuixart también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran.

Imponer referéndum inconstitucional

“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, sostiene Carballo.

Según la Fiscalía, se han impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.

La denuncia describe que los incidentes fueron protagonizados por “una turba” e interpreta “la sedición”, “forma colectiva y tumultuaria de alzamiento”, como una “rebelión en pequeño”.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, la ANC vació su sede ante un posible registro de la Guardia Civil y desconvocó la concentración permanente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir la liberación de los catorce altos cargos de la administración catalana detenidos el pasado día 20.

Catorce arrestados

En total, catorce personas fueron arrestadas en una operación ordenada por un juez de Barcelona para participar en los preparativos del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Todos ellos están ya en libertad, tras declarar ante el juez, quien los acusa de malversación, desobediencia y prevaricación por preparar el referéndum secesionista.

Estas detenciones y registros provocaron una importante movilización social en Barcelona, con miles de personas en la calle, que se ha mantenido y replicado en otras zonas de la ciudad.

Varios centenares de estudiantes cortaron este 22 de septiembre una de las vías principales de la ciudad y ocuparon la Universidad de Barcelona (UB) para reclamar la celebración del referéndum y en contra del “comportamiento antidemocrático del Gobierno español”.

Escenarios posibles

Precisamente, el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy aseguró que tiene previstos todos los escenarios posibles hacia los que pueda evolucionar el conflicto con la administración de Cataluña, que mantiene su intención de celebrar el referéndum ilegal.

También comunicó, a través del Ministerio del Interior, que desplazará a Cataluña unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a las fuerzas de seguridad de la región (Mossos d’Esquadra) en el mantenimiento del orden público.

El Ejecutivo tomó esa medida en virtud de la legislación española, que prevé la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. EFE

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Publicado en: Análisis