Retrato de la corrupción en España

La 'operación Púnica' realizada por la Audiencia Nacional en contra de una red de corrupción política en varias provincias españolas ha puesto de manifiesto una vez más una serie de características que se repiten entre los mas de 500 imputados por delitos de corrupción en España.
referentistas, que se manifestaron a las puertas de la Audiencia Nacional, lanzan objetos al vehículo del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su sreferentistas, que se manifestaron a las puertas de la Audiencia Nacional, lanzan objetos al vehículo del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a su salida tras declarar ante el juez Fernando Andreu como imputado por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. EFE/Archivo/Kiko Huesca

Fernando Peral 

Si los analizamos los casos más conocidos – Bankia, Bárcenas, Marsans, Pokémon, Palau, Pujol, los EREs, Malaya y un largo etcétera- vemos que en su inmensa mayoría (más del 86 % de los casos), son delitos cometidos sobretodo a expensas de la administración local, por grupos transversales de distintos partidos y sindicatos y unidos por lazos familiares o de amistad.

El grupo corruptor está formado por círculos concéntricos cuyo núcleo suele estar formado por una red de tipo familiar, como se ha visto en el caso del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol y sus hijos, o en los detenidos por la “operación púnica”. Además predomina la corrupción de tipo político sobre la fiscal, que es el segundo delito por número de casos.

En cuanto a cuando y cómo empezó la ola de corrupción, un estudio de la Fundación Alternativas afirma que la mayoría de los casos de corrupción política emergieron a raíz de la burbuja inmobiliaria, en 1995, ya que este sector estaba (y sigue estando hoy día) fuertemente ligado a un tipo de corrupción específico: la prevaricación.

No ha sido hasta después de que estallara la crisis que se han descubierto numerosos fraudes realizados en las administraciones locales y regionales, a pesar de que las comunidades autónomas representan tan sólo el 35% del gasto de las administraciones públicas.

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