Colombia pone fecha al silencio de los fusiles con las FARC

Después de 52 años de conflicto armado con las FARC, el Gobierno colombiano fijo hoy el próximo lunes como el inicio del cese el fuego con esa guerrilla, una jornada histórica fruto de casi cuatro años de negociaciones de paz.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos (i) y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (2d), alias 'Timochenko', se dan la mano junto al pEl presidente de Colombia Juan Manuel Santos (i) y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño (2d), alias "Timochenko", se dan la mano junto al presidente de Cuba Raúl Castro (c), durante un acto en La Habana (Cuba).

 

Gonzalo Domínguez Loeda

 

La orden del cese el fuego la dio el presidente Juan Manuel Santos y se complementa con la decisión tomada por esa guerrilla el 20 de julio de 2015 cuando renovó por última vez una tregua unilateral que fue respondida por el Gobierno con una reducción en la intensidad de sus ataques.
Esa disminución, que supuso de facto un cese de hostilidades, trajo a Colombia el año menos violento del último medio siglo y supone un pequeño tiento de lo que puede suceder a partir de las cero horas del siguiente lunes.
El alto el fuego no es solo el fin en la práctica del conflicto, además supone un respiro para un país al que la inmensa mayoría de los ciudadanos solo lo conoce en guerra.
El efecto del fin de las hostilidades supondrá un impacto muy fuerte para una buena parte de la sociedad, especialmente en las zonas rurales, acostumbrada a los tiroteos, los secuestros y los bombardeos, estas últimas acciones suspendidas hace meses por orden de Santos.
Especialmente sensibles serán las regiones en las que las FARC se han enseñoreado e impuesto su ley durante décadas, como el sur del país donde durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se estableció una zona desmilitarizada de más de 42.000 metros cuadrados, un área mayor que Suiza, para los fallidos diálogos de paz de la época.
Esa “zona de distensión”, que abarcaba cinco municipios de los departamentos del Caquetá y Meta, y tuvo como centro la localidad de San Vicente del Caguán, fue convertida por las FARC en una suerte de “república independiente” en la que incluso llegaron a emitir “decretos”.
Con la próxima disolución de las FARC como grupo armado ilegal, el Estado, que ha sido ausente durante generaciones, deberá reforzar su presencia para que el territorio no sea ocupado por otras organizaciones, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las bandas criminales.
Además, deben romper el círculo vicioso de violencia que se ha enquistado en esas áreas, donde muchos ciudadanos han visto la opción de unirse a grupos de delincuencia común para beneficiarse de las actividades económicas ilegales como el narcotráfico o el contrabando.
En ello ha puesto su foco Santos, quien en varias ocasiones ha afirmado que se debe mejorar la educación en esas zonas para poder dar mayores oportunidades a los jóvenes.
Incrementar las posibilidades de esos ciudadanos pasa también por reducir la influencia de los cultivos ilícitos que se convirtieron para las FARC en una de sus principales fuentes de financiación.
Según alertas de distintos organismos, varios grupos ya han intentado apoderarse de los territorios donde desaparecerán las FARC, lo que perpetuaría la violencia.
Además, se abre otro capítulo delicado, el de los disidentes de las FARC que, bien por radicalismo ideológico o por intereses económicos se mantendrán en el monte. A ellos, Santos ya les ha advertido de que si desdeñan la oferta de la paz, “terminarán en una tumba o en una cárcel”.
Hasta el momento, solo uno de sus grupos, el Frente Primero, se ha pronunciado abiertamente acerca de su disidencia, sin embargo los mandos guerrilleros recorren el país para intentar minimizar el número de miembros que no dejen las armas.
Más allá del fin de la confrontación armada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Estado debe centrarse también en los otros retos que le quedan por delante.
Entre ellos, está el que supone el ELN, la última guerrilla activa, con quien el Gobierno intenta iniciar desde 2014 un proceso similar al que acaba de concluir con las FARC.
Ese grupo armado cuenta apenas con unos 1.500 guerrilleros en armas y operan en territorios mucho más concentrados que las FARC, lo que no significa que su combate resultará, a priori, más fácil para los militares.
Además, queda un pequeño reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), desmovilizado en 1990 y cuyos miembros restantes son considerados por el Gobierno como un grupo de narcotraficantes que está enquistado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
Sin embargo, el mayor reto lo supone otro grupo de disidentes, los de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006 y muchos de cuyos combatientes integran ahora varias bandas criminales (bacrim).
Con el fuego concentrado en ellos y el apoyo que las FARC han comprometido para terminar con el narcotráfico, parece que Colombia afronta una nueva realidad. EFE

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