Colombia: Asesinatos de líderes sociales y la suma de todos los miedos

Una larga historia de violencia unida a los últimos acontecimientos políticos ha hecho de Colombia una pesadilla para los defensores de los derechos humanos. Este año ha sido nefasto para los líderes sociales y sus organizaciones, que semana tras semana enfrentan mil y una vicisitudes que amenazan su vida y su trabajo.
Carlos A. Guevara J., coordinador del Programa Somos Defensores-Colombia.Carlos A. Guevara J., coordinador del Programa Somos Defensores-Colombia.

Carlos A. Guevara, coordinador del Programa Somos Defensores y especialista en Comunicación Política

 

La andanada de homicidios, según cifras preliminares del Programa Somos Defensores, supera los noventa en lo que va del año, de ellos más de diez desde la segunda vuelta presidencial, el pasado junio. Estas cifras no difieren mucho de datos oficiales como los de la Defensoría del Pueblo, que registró 331 asesinatos entre 2016 y 2018. Hace dos años se firmó el acuerdo de paz con las FARC.

A esta violencia letal se suma la proliferación de amenazas proferidas por medio de panfletos -que desde la segunda vuelta electoral ya suman ocho- o de acciones de hostigamiento. El último caso fue la llamada amenazante que recibió en días pasados la profesora Deyanira Ballestas de parte de un comandante paramilitar en San Pablo, sur de Bolívar.

Un escenario aterrador

Las amenazas se suman a otra serie de hechos inquietantes que han venido denunciando las organizaciones defensoras de derechos humanos y que se han hecho realidad. A continuación algunos de estos miedos:

1. El Centro Democrático al poder. Este es un secreto a gritos: el fantasma de las desastrosas consecuencias del uribismo para los defensores parece haber vuelto a la vida con la victoria de Iván Duque.

Los líderes sociales conocen la manera como este partido aborda temas como la protesta social, el activismo por los derechos humanos, la reivindicación de pueblos excluidos históricamente y la participación política de la oposición. También revivió el miedo a la militarización de la vida civil, un fenómeno con el cual los líderes sociales tuvieron que luchar durante ocho años -bajo los dos gobiernos de la Seguridad Democrática- y que posiblemente se repetirá ahora.

2. Un Gobierno ausente. Tan pronto se dio la victoria del Centro Democrático, el Gobierno de Santos se desentendió de la protección de líderes sociales. El aumento exponencial de los asesinatos de defensores en los últimos meses estuvo acompañado por el silencio institucional, con el presidente Juan Manuel Santos a la cabeza. Este silencio se rompió el pasado 5 de julio, cuando los asesinatos en varias zonas del país inundaron los titulares de prensa.

Pero no todo lo que ha hecho el Gobierno es malo. En abril pasado, el Ejecutivo expidió el Decreto 660 de 2018, que abre una puerta para proteger de manera integral a los defensores de los derechos humanos, así como para avanzar en la prevención de amenazas. No obstante, parece que no hay fondos para desarrollar el Decreto y que las autoridades locales-indispensables para cumplir la nueva norma- no tienen la suficiente capacidad.

El miedo a que el gobierno les diera la espalda a los defensores se ha hecho realidad.

3. La sombra de la impunidad. Con un índice de impunidad del 87 % en los más de 500 casos de asesinato de líderes ocurridos entre 2009 y 2017, los movimientos, organizaciones y activistas sociales se sienten aún más desprotegidos por el Estado.

La creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y su plan de priorización de casos, que ya han logrado avances procesales en homicidios recientes, dan un poco de esperanza frente a los datos históricos de impunidad. Sin embargo, este miedo se agrava ante la corrupción reinante entre los operadores locales de justicia, que en vez de agilizar las investigaciones por esos crímenes impulsan la judicialización de los defensores.

4. Todos contra todos. La violencia producida por los actores armados que permanecen en los territorios ha difundido, una vez más entre los líderes sociales, el miedo a que la guerra no termine.

Este miedo lo causan las disidencias de las FARC fortalecidas, el ELN en expansión, el resurgimiento del EPL y el reavivamiento de grupos de ascendencia paramilitar en las zonas que ocupaban las FARC, así como las confrontaciones entre todos estos actores. Se añade la llegada de carteles de narcotraficantes mexicanos que están poniendo dinero, armas y apoyo para controlar el negocio de las drogas de manera directa o en alianza con grupos locales.

Los defensores de derechos humanos realizan su labor, precisamente, en las zonas donde operan estos grupos armados: Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Y en estos departamentos se registra la mayoría de los asesinatos de líderes sociales.

El miedo se ha intensificado, según reconocen los líderes sociales, pues es más difícil conversar y negociar con los actores armados. Antes era posible, cuando era claro quiénes controlaban las zonas, pero esa opción desapareció ahora que “no se sabe quién está detrás del arma”.

5. ¿Plan tortuga de militares y policías? Actualmente la fuerza pública se debate entre enfrentar las difíciles situaciones de seguridad derivadas del postconflicto -como los asesinatos de líderes sociales- y el compromiso gubernamental con Estados Unidos de reactivar la lucha frontal contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito.

La fuerza pública ha disminuido ostensiblemente sus acciones contra todas las amenazas para los líderes sociales en las zonas más sensibles, que coinciden con los territorios en disputa mencionados. Esto hace pensar que existe un “plan tortuga” en el Ejército y la Policía, pues su comportamiento ha hecho que en estas zonas no haya dios ni ley para los grupos armados. Esto les permite actuar con tranquilidad en zonas como el Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el sur del Chocó, la frontera con Ecuador o los Llanos de Caquetá, Meta y Guaviare.

Asimismo, es evidente el aumento de acciones militares enfocadas en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca y marihuana. Esta actividad contrasta con la de varios casos de líderes asesinados donde el levantamiento de los cadáveres tuvo que ser realizado por miembros de las comunidades, ya que las autoridades requieren complejos operativos para entrar en la zona y garantizar la seguridad de sus integrantes.

Futuro incierto

Estos miedos, sumados al aumento sostenido en el número de asesinatos de líderes sociales desde el 2014 y a su proliferación en lo que va de 2018, significan que el movimiento social y la defensa de los derechos humanos están sufriendo una crisis de grandes proporciones y en completa soledad. De estos hechos surge una pregunta: ¿existe un “plan pistola” que pretende exterminar a estos activistas?

Solo el Gobierno saliente y el Gobierno entrante, así como el resto de las autoridades estatales, tienen la posibilidad de parar este desangre que pone en jaque la paz en Colombia. Esperemos que se mantengan la vigilancia y el apoyo de la comunidad internacional, que en las épocas más oscuras fue decisiva y hoy lo es aun más.

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.