Claves de las inmatriculaciones de la Iglesia católica española

Los privilegios de la Iglesia católica a la hora de registrar a su nombre inmuebles, incluso de dominio público, parten de una ley de 1946, ampliados en 1998 con la posibilidad de inmatricular también los templos de culto, y se eliminaron definitivamente con la última reforma de la Ley Hipotecaria, en 2015.
Ceremonia religiosa en el interior de la Mezquita de Córdoba. EFE/ArchivoCeremonia religiosa en el interior de la Mezquita de Córdoba. EFE/Archivo

Las claves de una polémica que ha vuelto a primera plana con el anuncio del Gobierno de que elaborará un listado de esos bienes y el reciente estudio que cuestiona el derecho de propiedad de la Iglesia sobre uno de los más emblemáticos, la Mezquita de Córdoba, son las siguientes:

CUMPLIR LA LEGALIDAD VIGENTE
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 consideraba a la iglesia de la misma forma que a las administraciones públicas y, por tanto, le permitía registrar bienes inmuebles mediante un procedimiento rápido y sencillo.
Esa equiparación de la iglesia católica con las administraciones públicas ha sido considerada por algunos juristas abiertamente contraria al artículo 16.3 de la Constitución, que establece el carácter aconfesional del Estado, así como al 14, que establece la igualdad ante la ley, ya que otorga un privilegio a la Iglesia católica frente a otras confesiones religiosas.

LOS TEMPLOS DESDE 1998
El Reglamento que, un año después, desarrolló la ley de 1946 remachaba esa prerrogativa de la Iglesia católica en su artículo 19, pero establecía una excepción en el 5.4 al señalar que quedaban excluidos de poder inmatricularse “los templos destinados al culto católico”.
Esta situación vino a ser subsanada por la reforma de la ley hipotecaria de 1998, en la que ya se incluían los templos en ese procedimiento especial de inmatriculación. Desde entonces, diversas fuentes hablan de miles de inmatriculaciones, aunque no hay datos concretos al respecto.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA SITUACIÓN DE LA IGLESIA EN LA LEY DE ALQUILERES
Sin embargo, nadie ha cuestionado la ley hipotecaria ante el Constitucional, pero el tribunal si se ha pronunciado respecto a otra ley, la de arrendamientos urbanos de 1964, que establecía un privilegio similar para la Iglesia.
Lo hizo en una sentencia de 1993 contra el artículo 76.1 de esa norma que, al igual que en la Ley Hipotecaria de 1946, asimilaba a la Iglesia católica con el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público y la eximía de la obligación de justificar la necesidad de ocupar los bienes que tenía arrendados.

PROPIEDAD DEL PUEBLO CRISTIANO
Además del acatamiento estricto de la ley, el argumento de la Iglesia católica es, según su programa Xtantos, que solo ha inmatricualdo aquellos edificios que en su momento “construyó el pueblo cristiano” con el fin de rezar, celebrar la eucaristía, reunirse y, con ello, las casas anexas a las parroquias. EFE

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