Cataluña: un único consejero al frente de la consulta

Pocos días después de la destitución de un consejero por las dudas en torno a la realización de un 'referendo' soberanista no pactado, el presidente Carles Puigdemont anuncia que nombrará a un consejero responsable de la organización antes de agosto tras filtrarse la negativa del vicepresidente Oriol Junqueras a concentrar en su persona toda la responsabilidad.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, durante una sesión dEl presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Oriol Junqueras, durante una sesión de control parlamentario. EFE/Archivo/Andreu Dalmau

Evaristo Amado

A dos meses y medio de la fecha anunciada para celebrar una consulta sobre la independencia no pactada con el Estado, prevista para el 1 de octubre, el Gobierno catalán conformado por el PDeCat y ERC pretende otorgar a un único consejero todas las competencias sobre la organización de la votación antes del fin de julio.

Esta decisión de Puigdemont, conocida tras una filtración a la prensa y a menos de diez días del cese de uno de sus compañeros de partido -Jordi Baiget, hasta el pasado 3 de julio consejero de Empresa y Conocimiento, y relevado por expresar en público sus dudas sobre la celebración de la votación-, ha vuelto a colocar en el foco las tensas relaciones de los socios de Gobierno catalán en un clima en el que muchos anticipan una convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.

Desde el pasado 28 de septiembre de 2016, cuando Puigdemont logró sacar adelante una cuestión de confianza y se comprometió a realizar una nueva consulta en el parlamento catalán tras la organizada por la sociedad civil del 9N, los encargados de la “arquitectura” del referendo eran su vicepresidente Oriol Junqueras (líder de ERC y favorito, según las encuestas, si hoy se celebrasen nuevas elecciones autonómicas) y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.

Pero esta tarea podría recaer en nuevas manos y de forma sorpresiva: según el diario El País, el pasado martes Junqueras rechazó una oferta del propio presidente catalán para ser el comisionado que coordinase las tareas para impulsar el referéndum.

En la cita, que por el momento ninguno de los protagonistas ha desmentido, Junqueras exigió -de acuerdo al relato del diario- que la responsabilidad de la futura convocatoria formal de la votación fuera compartida por todos los miembros del Gobierno, entre otros requisitos materiales y organizativos.

La petición de responsabilidad solidaria de Junqueras responde a la más que probable hipótesis de un proceso judicial contra los firmantes de la convocatoria, ya que la tanto el Gobierno central -ante el Tribunal Constitucional- como la Fiscalía -en los juzgados ordinarios y ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- han presentado recursos y querellas frente a cada uno de los pasos encaminados a la consulta.

En un primer momento, tras la filtración de la negativa de Junqueras, Puigdemont mantuvo los planes iniciales en una comparecencia parlamentaria en la que mantuvo que Junqueras permanecía al frente de los preparativos -sin citar a Romeva-, pero pocas horas dejó todo en el aire en una conversación con periodistas en los pasillos del parlamento catalán en la que reveló su intención de nombrar a un comisionado.

Por el momento sigue siendo Junqueras quien se perfila para recibir el encargo, pero no se descarta que pueda ser otro consejero quien lo asuma, a poco más de dos meses de la cita, si se mantienen las diferencias sobre las supuestas condiciones exigidas por el líder de ERC.

Esta incerteza, sumada a los últimos cambios en el Gobierno tras el cese de Baiget, ha llevado al grueso de la oposición -Ciudadanos, PSC y PP- a reclamar un adelanto de elecciones debido al agotamiento del proyecto político de Junts pel Si -‘Juntos por el Sí’, en catalán, la alianza entre PDeCat, ERC y otros actores para llevar adelante la consulta sobre la independencia-.

Para tratar de despejar las dudas aireadas tras la filtración, fuentes del Ejecutivo catalán han indicado que serán precisamente Junqueras y Romeva quienes pedirán formalmente en la reunión del equipo de Gobierno del próximo martes que se autorice a sus departamentos a la compra de las urnas, tras declararse desierto el concurso de licitación, que motivó una querella en los tribunales contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borrás.

Las dudas de Colau

Precisamente a la incertidumbre en la organización ha aludido la alcaldesa de Barcelona en los últimos días para argumentar la decisión de los ‘comunes’ -su formación en construcción, pujante en Cataluña y en la que participa Podemos-, de apoyar la consulta del 1 de octubre como una “movilización”, y no como un referendo efectivo.

“No hay convocatoria. No sabemos ni siquiera si habrá urnas o no. Pero mi predisposición a participar es clarísima”, ha defendido Colau tras las críticas a su postura desde las formaciones soberanistas, que le han reprochado sus “dudas” e inconcreción.

Pese a los reparos, Colau ha indicado que la ciudad dará todas las facilidades para la celebración de la consulta.

Una manifestación frente a la que ha lanzado una advertencia la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, al exigir que esas facilidades no deben convertirse en “dificultades” para los funcionarios.

Soraya Saénz de Santamaría ha aludido así a las dudas que existe en el colectivo de funcionarios sobre su hipotética responsabilidad al participar en la tramitación de actos administrativos encaminados a la consulta, después de que el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña haya remarcado de que deben ser fieles a la Constitución. EFE