Cataluña es el primer gran examen de Pedro Sánchez

El nuevo Ejecutivo se vuelca en recuperar el "diálogo" institucional con los dirigentes independentistas catalanes a través de una oferta de reforma constitucional que se antoja complicada ante la dificultad de lograr el consenso necesario en el Parlamento y el escaso tiempo que queda de legislatura.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del ejecutivo español, en Madrid. EFE/Juan El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del ejecutivo español, en Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Evaristo Amado

Los sucesivos avatares en Cataluña prácticamente monopolizaron la acción política del Gobierno del conservador Mariano Rajoy en sus tres últimos años de mandato, y ahora se mantienen como el principal examen político a su sucesor, el socialista Pedro Sánchez, que al menos tendrá la ventaja de iniciar mandato en un escenario de cierta distensión, con la intervención política de la administración ya superada y un nuevo Gobierno al frente de la misma.

Cataluña es a primera vista el primer gran test de estrés para Sánchez, que deberá buscar una difícil estabilidad parlamentaria en torno a un asunto que ha generado un escenario político muy polarizado. Tanto que incluso dentro de su equipo de ministros existen sensibilidades muy diferenciadas en torno a la cuestión catalana.

Esta cuestión, la “convivencia territorial”, es una de las grandes prioridades de Sánchez, como él mismo dejó claro durante su discurso en la moción de censura que descabalgó a Rajoy, además de la regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria y el compromiso de España con la UE.

LOS RETOS

– Cataluña. Apelar al diálogo y a rebajar la tensión política en Cataluña ha sido la máxima con la que han estrenado el cargo todos los integrantes del nuevo Gobierno, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha llegado a declarar que Cataluña está “al borde de un enfrentamiento civil”.

Sánchez se ha comprometido a buscar “soluciones políticas” y un encaje constitucional de la identidad como “nación” de este territorio, pero sin admitir el derecho a la autodeterminación ni poner en cuestión la integridad territorial, dos líneas rojas.
La vía podría ser la reforma de la Constitución hacia un modelo federal que el PSOE de Sánchez enunció hace unos años como propuesta vía para deshacer el nudo gordiano catalán, pero ni los socialistas la han concretado ni será fácil que logren el apoyo del Partido Popular de Rajoy ni el de los liberales de Ciudadanos para sacarla adelante.

El Gobierno cree además que una reforma de la Constitución podría hacer posible que algunos de los artículos del estatuto de autonomía catalán declarados inconstitucionales en una sentencia de 2010 no lo fueran en el futuro.

El Gobierno de Sánchez ha pedido en cierto modo apoyo al Partido Popular, principal fuerza de la oposición, cuando ha reivindicado la “enorme lealtad” con el anterior Gobierno a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permitió intervenir la administración catalana tras la declaración unilateral de independencia de octubre del pasado año.

– Los presupuestos. El nuevo Gobierno está a unas semanas de aprobar las cuentas de este año preparadas por el equipo de Rajoy y debe tener en julio el visto bueno del techo de gasto para las cuentas de 2019.

Si ya el Partido Popular lo tuvo complicado para cerrar el proyecto inicial que ha heredado Sánchez realizando cesiones a más de media docena de partidos, ahora el nuevo presidente tendrá si cabe que afrontar más tensiones al haber más grupos implicados.

No obstante, asumir las cuentas del PP para este año le resta presión, ya que se puede centrar en la elaboración de las del año que viene.

Modelo laboral. Dar marcha atrás en la reforma del mercado laboral que el anterior Ejecutivo aprobó poco después de llegar al cargo tras las elecciones de 2011 y en plena crisis ha sido una promesa sostenida del líder del PSOE, pero está por ver si habrá una reforma de calado o más bien retoques menos ambiciosos. Otro compromiso, anular la reforma del modelo de pensiones de 2013, que desligó su evolución de la marcha de los precios del consumo, ya está en marcha.

– Financiación autonómica. Es improbable que Sánchez tenga tiempo para negociar con los gobiernos regionales un nuevo modelo que se demora desde hace casi un lustro. Es una cuestión muy compleja que ha quedado aplazada una y otra vez, primero por la crisis y después por el desafío soberanista.

– Sanidad. El PSOE se ha comprometido a derogar la reforma sanitaria del PP de 2012, que entre otros puntos supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El nuevo Gobierno también quiere revisar los copagos farmacéuticos -el porcentaje del coste del medicamento que debe pagar el usuario del sistema público sanitario-, elevar la inversión en sanidad hasta el 7 por ciento del PIB y regular la eutanasia.

– Igualdad. El nuevo presidente se ha comprometido a impulsar medidas en favor de la mujer, como una ley de igualdad salarial y poner en marcha las 214 medidas del Pacto contra la Violencia de Género, cuya aplicación obligará a modificar varias leyes.

– Seguridad. En ese ámbito existe otro compromiso de la etapa en la oposición: derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en la primera legislatura de Rajoy, que el PSOE y el resto de partidos de oposición tachan de ‘ley mordaza’ por entender que recorta libertades civiles.

– El ‘brexit’. A ya menos de un año de la ejecución de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se materializará a las 23.00 horas GMT del 29 de marzo de 2019, España se juega en qué situación quedan la numerosa colonia de españoles que residen en las islas, el turismo británico en España y, sobre todo, Gibraltar.

– UE. El Ministerio de Exteriores ha dejado claro que va a pelear para que en Europa entiendan que la oleada migratoria “no es tan grande como dicen” y que ni la UE ni España han reaccionado “adecuadamente” a este asunto. La respuesta de España a la crisis del ‘Aquarius’ es un ejemplo de esta postura.

– Voto exterior. El Gobierno piensa presentar una ley para modificar la reforma de 2011 que estableció el voto rogado para los españoles en el extranjero, un modelo que exige a los ciudadanos que residen fuera del país formalizar más trámites para poder participar en las elecciones. A juicio del Ejecutivo está demostrado que la reforma “no funciona” al haber pasado de una participación del 30 % del censo al 5 %.

– Cambio climático. Sánchez ha creado un ministerio centrado en estos asuntos, que considera prioritarios. Quiere activar una ley de cambio climático, plantear un calendario de cierre de las centrales de carbón y decidir si alarga la vida de las nucleares

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