Cataluña, la Guardia Civil busca información sobre el 3% en el Parlament y la Generalitat

La Guardia Civil ha accedido a las dependencias de la Secretaría General del Govern en el Palau de la Generalitat para recabar información sobre el libro de visitas del exconseller de Justicia y exsecretario del Ejecutivo Germà Gordó, a instancias del juez que investiga el caso del 3 %.
EFE/JULIAN MARTINEFE/JULIAN MARTIN

Según han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña, agentes de la Guardia Civil han accedido a las dependencias de la Secretaría General del Gobierno catalán, en el edificio del Palau de la Generalitat, y han podido realizar su trabajo con normalidad, al igual que en el departamento de Presidencia, el Parlamento catalán y el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, había dado la orden de impedir el acceso a la Guardia Civil en el Palau, si bien se ha comprometido a entregar la información requerida, por lo que los agentes han permanecido en la sala de espera, en las dependencias de la Generalitat.

El próximo lunes, 24 de julio, el exconseller de Justicia está citado a declarar, ante el magistrado del TSJC Carlos Ramos, por su presunta intermediación en el pago de comisiones de empresarios a CDC a cambio de adjudicaciones, en el marco del llamado “caso del 3 %” que abrió un juez de El Vendrell (Tarragona).

El origen del caso se remonta al 24 de febrero de 2005 cuando, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y se llama 3%”.

Casi una década después, la “operación Petrum”, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), es la última línea de investigación abierta sobre esas supuestas comisiones.

La operación tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.

Entre los asuntos objeto de investigación estaba la construcción de un aparcamiento, a cargo de Teyco, empresa controlada por la familia Sumarroca, fundadora de CDC, y cuyo exconsejero delegado, Jordi Sumarroca, fue detenido en julio de 2015, dando lugar a una pieza separada.

En una primera fase de la “operación Petrum”, la Guardia Civil registró el domicilio de Sumarroca y de Teyco, donde halló documentación que apuntaba al posible pago de comisiones que, a través del alcalde de Torredembarra, Daniel Mesegué, llegarían a CDC enmascaradas bajo donaciones a la Fundación Catdem.

La investigación salpicó a otros consistorios catalanes -Figueres (Girona), Sant Celoni (Barcelona), Sant Cugat (Barcelona) y Lloret de Mar (Girona)-, que también habrían adjudicado obras públicas a cambio de comisiones.

El 28 de agosto de 2015, la Guardia Civil practicó el registro de la fundación Catdem y del despacho que su tesorero Andreu Viloca, que también lo era de CDC, y que finalmente fue detenido el 21 de octubre.

De la esfera municipal, la sombra del 3 % pasó ese mismo día a la administración catalana, con la detención del exdirector general de Infraestructuras.cat, Josep Antoni Rosell.

Ya en febrero de 2017, la Guardia Civil detuvo a una veintena de personas dentro de la “operación Pika”, continuación de la Petrum, y coordinada por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona). EFE