ECUADOR CORREA

Caso Correa abre brecha en relaciones de Ecuador con Bolivia y Venezuela

La vinculación para investigaciones del expresidente Rafael Correa a un caso de intento de secuestro a un político ecuatoriano en 2012, ha abierto una brecha en las relaciones de Ecuador con sus antes estrechos aliados Venezuela y Bolivia.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/José JácomeEl expresidente de Ecuador Rafael Correa. EFE/José Jácome

Por Susana Madera

Seguidor del llamado Socialismo del Siglo XXI, Correa mantuvo durante su década de gobierno (2007-2017) una muy cercana relación con los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, de la misma línea ideológica, y quienes esta semana salieron en su defensa ante el proceso judicial en Ecuador.
Maduro y Morales criticaron el pedido de la Corte Nacional de Justicia de captura y prisión preventiva contra Correa en el marco de las investigaciones del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda en Colombia.
En una inmediata respuesta, el Gobierno de Lenín Moreno envió “notas formales de protesta” a La Paz y Caracas desde donde se denunció una supuesta politización de la justicia, la presunta injerencia de EEUU en la acción legal y una aparente persecución contra “líderes progresistas” de la región.
Para el antropólogo Andrés Abad, las reacciones de Maduro y Morales son “entendibles” por la amistad con Correa por lo que ve en ellas un “sentido de lealtad”, y opina que ambos “desconocen” que el actual Gobierno “garantiza la independencia de poderes, independencia de la justicia y la libertad de prensa y expresión”.
Al reclamo de Quito, le siguió una protesta de Venezuela mediante una nota diplomática sobre sus supuestas “posiciones injerencistas” en la política interna y decisiones soberanas del país caribeño, una reacción que no extraña a Abad pues, a su juicio, el gobernante venezolano “no admite ninguna crítica”.
Decano del Centro de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), Abad asegura a Efe que “no hay que asombrarse” de una probable actitud “completamente beligerante” de Maduro con el Gobierno ecuatoriano tras el impasse de esta semana.
Aunque reconoce que muchos no lo justifican, cree “aceptable” que el Ejecutivo liderado por Moreno haya mantenido desde sus inicios en mayo de 2017 una posición “de extrema prudencia” sobre Venezuela, amparándose en el principio constitucional de no injerencia.
Pero, tras las presidenciales de mayo en Venezuela, Moreno expresó por primera vez de forma pública su preocupación por la situación en esa nación y formuló una iniciativa para que se lleve a cabo una consulta en Venezuela bajo supervisión internacional destinada a refrendar la reelección de Maduro.
Abad, doctor en administración por la Universidad Andina Simón Bolívar, cree que las cartas de protesta son una clara evidencia de que la “prudente” postura de Moreno “muy probablemente va a cambiar” pues la acusación de presunta persecución política contra Correa “es una afrenta directa al presidente Lenín Moreno”.
Para Abad, mezclar a nivel general política y justicia es una estrategia de quienes “se ven involucrados en irregularidades con la justicia” para “presentarse como víctimas, cuando en realidad deben responder a sus actos en un proceso absolutamente independiente y justo”, dice.
Subraya que si se maneja desde el punto de vista diplomático y no político, el asunto podría quedar en un impasse, pero por los señalamientos sobre la presunta persecución política, “lo más probable es que se venga un distanciamiento gubernamental”, sin llegar a una ruptura, especula.
Pero, el doctor en estudios políticos y constitucionales por la Universidad de Alicante (España) Napoleón Saltos, valora para Efe que la situación actual con Bolivia y Venezuela irá disminuyendo pues “conforme pasen los días, el tema Correa va a tomar su verdadera dimensión”.
Tras la década de Gobierno de Correa, Saltos apoya “una política internacional mucho más rigurosa, que pueda garantizar la coexistencia” de diversas ideologías.
Y, como línea general, sostiene que los países deben aplicar una política internacional basada en la no injerencia en temas internos y de respeto a los derechos humanos, aspectos que exigen reciprocidad entre los Estados, subraya.

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