Carlos Fabra, al banquillo de nuevo

El expresidente de la Diputación de Castellón declara como imputado por un presunto delito de prevaricación en una causa abierta en relación con la corrida de toros de la Beneficencia, creada por el también expresidente provincial del PP, inspirado en la de Madrid.
EFE/Domenech Castelló 
EFE/Domenech Castelló

Fabra suscitó la polémica con su sistema de recaudación de entradas, que eran enviadas directamente a los Ayuntamientos y cuyo importe se les descontaba del cobro de impuestos.

La denuncia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, está motivada por una querella de la Fiscalía de Castellón en torno a estos hechos por los que vuelve a someterse a la justicia en Castellón, tras ser condenado en 2013 a 4 años de cárcel y 700.000 euros de multa por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Carlos Fabra Carreras, casado y con cuatro hijos, presidió la Diputación de Castellón (1995-2011), además del PP provincial (1990-2012), y fue edil de esta localidad (1987-2011), donde nació el 2 de agosto de 1945.

Estudió en La Salle y la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia. También posee cursos sobre Comunidades Europeas, Mercadotecnia e Impuestos. En 1971 empezó a trabajar en el bufete familiar y cuatro años después fue nombrado secretario general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación castellonense.

Heredero de una saga de políticos de la región, su carrera política empezó en 1977, cuando entró a militar en UCD. Luego se incorporó al Partido Popular (PP) y en éste ocupó diversos cargos menores hasta ser elegido presidente provincial, en 1990.

Poco antes, en 1987, se había estrenado como concejal de Castellón. Ocupó su escaño en el ayuntamiento hasta junio de 2011, tras su reelección en las municipales de 1991, 1996, 1999, 2003 y 2007. En esta corporación fue teniente de alcalde en varias legislaturas.

Ya como presidente de la Diputación, logró en 1999 (a iniciativa del PP) la compatibilidad para mantener sus responsabilidades públicas -su presencia en varios consejos de administración de empresas de la Generalitat- con el desempeño de su actividad como abogado y corredor de seguros en ejercicio.

El 30 de septiembre de 2000 fue reelegido presidente del PP de Castellón. Como líder de los populares castellonenses, en 2003 se alineó al lado del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien brindó su apoyo frente al entonces ministro de Trabajo y Portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana.

En el Congreso del PPCV de Castellón (12 diciembre 2008) fue reelegido presidente por el 98,83% de los votos y el 17 de marzo de 2010 Fabra delegó sus funciones para operarse de hígado.

No se presentó a la reelección en las locales de 2011. En junio dejó su acta de concejal de Castellón y la Presidencia de la Diputación Provincial, y el 14 de julio de 2012 le sustituyó Javier Moliner como presidente provincial del PP castellonés.

En 2003 el empresario Vicente Vilar vinculó a Carlos Fabra con la venta de productos fitosanitarios sin garantías e interpuso dos querellas contra Fabra por estafa, falsedad documental y apropiación indebida, y por delitos contra la propiedad industrial y la salud pública. Aunque fueron desestimadas, dieron lugar a la apertura de nueva causa por delitos conmtra la administración pública y una denuncia de la Agencia Tributaria por supuestas irregularidades fiscales.

En 2010, la Audiencia Provincial de Castellón sobreseyó la causa contra Fabra y su esposa por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 por entender que habían prescrito. Pero el Tribunal Supremo revocó esa decisión en 2011 y ordenó reabrir el caso.

En 2012 el juez abrió juicio oral contra Fabra y le impuso una fianza de 4,2 millones de euros en la causa abierta por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El Supremo admitió los tres recursos de casación (de Abogacía del Estado, fiscal y Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana) contra la decisión de la Audiencia de Castellón.

El juicio comenzó el 2 de octubre en Castellón y la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores pidieron 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro de fraude fiscal, por los que se solicitaba además multa de 1,98 millones de euros e indemnización de 693.074 euros a Hacienda.

El 25 de noviembre de 2013 la Audiencia de Castellón condenó a Fabra a 4 años de cárcel por cuatro delitos fiscales. EFE/DOC

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