Canal de Panamá: las autoridades y Sacyr condenados a entenderse

Las autoridades panameñas y las empresas adjudicatarias de las obras para ampliar el Canal de Panamá, entre las que se encuentra la española Sacyr, están condenadas a entenderse puesto que, en caso contrario, las pérdidas económicas serán enormes tanto para la administración panameña como para estas constructoras.
Barco ingresando en el Canal de Panamá. EFE/Archivo/Alejandro BolívarBarco ingresando en el Canal de Panamá. EFE/Archivo/Alejandro Bolívar

Carlos Moral

Las obras, que comenzaron en agosto de 2009, se han detenido tras completarse más del 65 % de los trabajos previstos, porque el grupo de empresas que ganó la licitación en 2009, encabezado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, dice no poder hacer frente a los sobrecostes del proyecto, que valora en más de 1.200 millones de euros.

Las contratistas achacan los sobrecostes a la deficiente información facilitada en los pliegos del concurso de licitación sobre la geología del terreno y a algunos cambios en las especificaciones de los materiales, pero la ACP considera que ese coste extra es responsabilidad de las concesionarias y, en todo caso, deberá ser resuelto por los órganos de arbitraje que establece el contrato.

Para Panamá, la culminación de las obras es inaplazable, porque el aporte del Canal a su economía es determinante (6.300 millones de euros desde que recuperó su soberanía en 2000).

Los efectos no son menores para Sacyr, puesto que a su delicada situación financiera uniría el descrédito por su fracaso en una de las obras más emblemáticas del mundo. Un desprestigio que, indirectamente, también planea sobre la Marca España.

Por tanto, lo más probable, y parece que lo más conveniente para todos, es que se convierta en definitivo el principio de acuerdo anunciado por las autoridades panameñas, que contaría con aportaciones de la ACP y del consorcio empresarial y con un crédito de Zurich, la aseguradora del proyecto, que convertiría en un préstamo la fianza de 297 millones de euros depositados  al comienzo de las obras. Sin duda, la cantidad en disputa es mucho menor que el coste de paralizar los trabajos.

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