Arranca el juicio de los ERE en Andalucía, con Chaves y Griñán en el banquillo

El juicio de la denominada pieza política de los ERE arranca hoy tras casi siete años de investigación con peticiones de cárcel que van desde los dos a los diez años para veintidós altos cargos de la Junta de Andalucía, los más relevantes los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Fotografía de los expresidentes andaluces Manuel Chaves,(d) y José Antonio Griñán,(i). EFE/ArchivoFotografía de los expresidentes andaluces Manuel Chaves,(d) y José Antonio Griñán,(i). EFE/Archivo

 

La Audiencia de Sevilla juzga hoy desde las 10.00 horas si estos cargos, con distinto grado de participación según sus competencias y sus años en el Gobierno autonómico, crearon o mantuvieron un sistema “arbitrario” sin convocatoria pública y eludiendo el control y la fiscalización previa para otorgar ayudas públicas sociolaborales para empresas en crisis entre 2001 y 2011.

Estas ayudas sumaron 854 millones de euros, parte de los cuales acabó en manos de “entidades y personas que no reunían los criterios” y “en cuantía improcedente”, según la Audiencia.

Los 22 acusados de delitos de prevaricación, asociación ilícita y, salvo 7 de ellos, malversación, son excargos de Empleo, de Innovación, de Hacienda y del Instituto de Fomento de Andalucía, así como los máximos responsables del Consejo de Gobierno cuando se decidió implantar este sistema de ayudas, los responsables de la Intervención y los servicios jurídicos de la Junta que no advirtieron de la presunta ilegalidad del sistema ni lo frenaron.

El juicio comienza con las cuestiones previas que plantearán las partes personadas -las defensas de los 22 procesados y las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción, el PP andaluz y el sindicato Manos Limpias-, para lo que se han reservado tres sesiones, hasta el viernes, 16 de diciembre.

Posteriormente se suspenderá hasta el 9 de enero, día en el que se reanudará con las declaraciones de los 22 acusados, a los que seguirán 56 peritos y testigos citados. 

 

Caso Mercasevilla

Más de 150 periodistas de 37 medios de comunicación locales, regionales y nacionales se han acreditado este 13 de diciembre para seguir el juicio de esta causa relacionada con el “Caso Mercasevilla” y tiene su origen en las irregularidades en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla.

La causa acumulaba en septiembre de 2014 un total de 227 imputados que según la investigación defraudaron entre los años 2001 y 2010 alrededor de 130 millones de euros. De esta cifra 50 corresponden a sobrecomisiones pagadas a asesorías y bufetes de abogados, más de 73 millones a ayudas a empresas y otros 12 pasaron a manos de intrusos, es decir beneficiados sin relación laboral con la empresa en situación de ERE.

Los hechos se remontan a los años 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta de Andalucía. El comité de empresa fue quien denunció que en el primero de ellos se encontraba un “intruso”. Posteriormente la investigación descubrió más casos fraudulentos.

La investigación de la Guardia Civil dejó al descubierto un complejo sistema para conceder ayudas millonarias (procedentes de la Junta de Andalucía) “basándose en decisiones discrecionales” que pudo ser utilizado en las prejubilaciones de más de sesenta empresas acogidas a los planes gubernamentales de empleo entre los años 2001 y 2010.

En la madrugada del 19 de marzo de 2013 la Guardia Civil detuvo a veintidós personas por orden de la jueza Mercedes Alaya. La operación conocida como “Heracles”, estaba dirigida contra los intermediarios de los eres fraudulentos y en la misma fueron investigadas las empresas aseguradoras Vitalia y Uniter, receptoras de importantes comisiones.

El operativo se desarrolló en diversas localidades de Sevilla, Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona y Las Palmas. De los 22 detenidos ocho pasaron a disposición judicial y la juez dejó a cuatro en libertad con cargos: María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, directivo de Vitalia; José González Torrent, hijo del dueño de la aseguradora Uniter; Roser Masa, administradora de la aseguradora Fortia, y Gregorio Martínez, amigo del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En cambio, decretó prisión contra siete imputados: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; el sindicalista y mediador en la trama, Juan Lanzas; Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia; María Vaqué, directora general de dicha aseguradora; Ismael Sierra, cuñado del “conseguidor” Juan Lanzas y dueño de una empresa presuntamente utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero, y Eduardo Leal del Real, propietario de las empresa Atrado Mensajería y Estudios Agenciales,

Para esclarecer las posibles responsabilidades políticas en junio de 2012 el Parlamento de Andalucía creó una comisión para investigar la relación de los poderes públicos con el fraude.

La comisión parlamentaria comenzó sus trabajos el 21 de agosto y concluyó el 28 de noviembre de 2012 sin un acuerdo entre las tres formaciones. El PSOE limitó las responsabilidades políticas al exdirector general de Empleo, Francisco Javier Guerrero.

Por su parte IU las elevó hasta los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera. Finalmente el PP responsabilizó del fraude al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al que fuera su consejero de Economía y Hacienda en el momento del fraude y actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, a quien llegaron a calificar de “cajero de los ERE”.

El caso dio un nuevo giro cuando la juez Alaya imputó el 2 de julio de 2013 a la exministra Magdalena Álvarez y a otros veinte exaltos cargos de la Junta de Andalucía. EFE

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