Aniversario de la Constitución. Veintiuna diputadas y seis senadoras

La historia de nuestro siglo XIX y XX debería ser muy sabida por todos los españoles. Los mayores para recordar lo que leyeron, escucharon o vivieron, los estudiantes para conocer y luego poder reflexionar, y los adolescentes para conocer las consecuencias de los deseos de venganza de los contrarios, de los que piensan de manera diferente, y cómo se alcanzó en España, al fin, la reconciliación y la paz.
Madrid 21.11.1977.- La entonces diputada de Sevilla por UCD, Soledad Becerril, durante su intervención en la tribuna de oradores políticos, primera Madrid 21.11.1977.- La entonces diputada de Sevilla por UCD, Soledad Becerril, durante su intervención en la tribuna de oradores políticos, primera de una mujer, en el Club Siglo XXI. EFE/aa

 

Soledad Becerril, política de UCD y del Partido Popular. Fue la primera mujer en ocupar una cartera ministerial desde la II República (1981) y la primera mujer en ocupar el cargo de Defensora del Pueblo (2012).

 

Hace cuarenta años veintiuna diputadas, en un Congreso de trescientos cincuenta escaños, y seis senadoras, en un Senado de doscientos escaños, participamos en la aprobación de la constitución que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Elaborar y modificar las leyes que se derivaron de estos principios llevó un tiempo, pero se consiguió un gran cambio en la situación de la mujer con el pleno reconocimiento de todos sus derechos. Seguramente ese fue el cambio social más importante ocurrido en la sociedad española en estos cuarenta años.

Aquella escasa presencia de mujeres abrió el camino para que hoy en las cámaras, Congreso y Senado, las mujeres sean el cincuenta por ciento de los representantes de la soberanía nacional.

Es posible que los nuevos avances en la ciencia, en las telecomunicaciones, en la bioética, en la sociedad digital y en otros campos de desarrollo muy reciente requieran de nueva legislación, pero los principios rectores de la política social y económica, las garantías de las libertades y derechos fundamentales están recogidos en una constitución que es plenamente válida, también susceptible de reforma siempre que exista un acuerdo tan amplio como el que hubo en 1978.

Nuestra norma fundamental está considerada en medios universitarios, académicos y jurídicos, en España y en el exterior, como una norma avanzada, garantista en materia de derechos y generosa en reconocimiento de libertades, de descentralización absoluta de competencias para las comunidades autónomas y con un sistema electoral que permite pluralismo en los representantes de la soberanía popular. Es un texto elaborado con el afán de lograr la reconciliación entre españoles; un texto pensado para que todos podamos sentirnos incluidos, ninguno apartado, ni de los que la aprobaron ni de los que vinieron detrás.

Pero no debemos ocultar que algunos que quieren reformarla desean otros objetivos; lo que persiguen es un cambio de sistema político, es decir algo bien distinto; un cambio, no una reforma, pues defienden posiciones alejadas de las que se consagran en la constitución: la separación de poderes dejaría de ser una pieza esencial para que el gobierno de turno pudiera ocupar todo el poder que quisiera sin disponer de límites o controles; la unidad de la nación tampoco sería valor fundamental como ya muestran quienes gobiernan en una comunidad autónoma, Cataluña, y proponen alcanzar un estadio superior y mejor mediante la independencia, contraviniendo toda la legalidad e ignorando a más de la mitad de la población. Estas posiciones no son propias de nuestra democracia en la que prima el sometimiento a la ley, la independencia de los jueces, la división de poderes y el concepto de unidad de la nación española.

Existen muchos países que tienen sistemas políticos alejados del nuestro; son lo contrario de lo que hemos vivido y vivimos los españoles en este período, uno de los mejores de nuestra historia por la reconciliación, la paz, el progreso y la suma de derechos y libertades alcanzados.

Todo nuestro sistema político tiene un pilar fundamental que es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado que simboliza la unidad y proporciona estabilidad.

Derribar la monarquía parlamentaria como parece ser un objetivo para algunos, expresado unas veces con absoluta claridad y otras con acciones de reprobación o de censura, es golpear ese pilar situado en lo más alto de todas las demás instituciones; es acometer la demolición de la pieza que ha sido fundamental, primero en nuestra reconciliación y después en la construcción de toda la arquitectura del estado social y democrático de derecho, levantado tras más de siglo y medio de profundas divisiones, dependencia de potencias exteriores, cambios de régimen, aprobación y derogación de constituciones, golpes militares, mucha sangre y, desde luego, carencia o supresión de derechos y de libertades. Más de siglo y medio para no olvidar; para no repetir.
NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

imagen

imagen