Aniversario de la Constitución. Salud y Democracia

El título de esta columna bien podría ser una forma de desear buenos augurios a alguien a quienes apreciamos, y en efecto son dos cosas de las que escandalosamente se carece en gran parte del mundo y de las que los españoles no hemos gozado durante la mayor parte de nuestra historia. Algo a tener muy presente para valorar lo conseguido en este país y para hacer todo lo posible por conservarlo porque no hay razones para pensar que las cosas sean eternas y no necesiten mantenimiento.
Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. EFE/ArchivoRafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes. EFE/Archivo

 

Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

 

Los cuarenta años de vigencia de la Constitución española de 1978, un verdadero pacto social no tan valorado ahora, sobre todo por quienes no vivieron lo anterior, constituyen una buena ocasión para hacer un balance tranquilo e intentar ver en qué hemos acertado y en qué quizás no tanto.

La Constitución representó de entrada el reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud, y para articularlo se creó un Ministerio de Sanidad específico con su organismo de gestión: el INSALUD. El mayor logro en este periodo ha sido la consolidación de un Sistema Nacional de Salud sobre la base de la Ley General de Sanidad de 1986, público, de cobertura universal y financiado vía impuestos. Fácil de enunciar, pero difícil de conseguir, si nos fijamos en la situación preconstitucional, cuando existía un sistema meramente asistencial, muy fragmentado, basado mayoritariamente en las cuotas de los trabajadores, en la beneficencia o en mutualidades privadas, con escasos hospitales de excelencia donde acudir con ciertas garantías.

Por contra, el sistema actual, muy descentralizado -como exige nuestra Constitución-, no solo dispone de hospitales de alto nivel en las 17 comunidades, lo que ha reducido al máximo el peregrinaje sanitario a Madrid o Barcelona de hace unas décadas, sino que hace hincapié en la salud pública y la atención primaria

Por resumir en cifras, en estos 40 años se ha pasado de dedicar el equivalente en pesetas de 78E/persona y año en 1978 a más de 1.500E en 2016, y del 3,9% al 6,3% del PIB, una cantidad en todo caso inferior a la de los países de nuestro entorno, pero con la que se han alcanzado logros tan importantes como aumentar en más de 9 años la esperanza de vida -que ya está entre las tres primeras del mundo-, reducir a la cuarta parte la mortalidad infantil o a la mitad los decesos ajustados por edad.

El ranking de eficiencia que compara resultados con recursos empleados nos sitúa en tercer lugar del mundo, solo por detrás de Singapur y Hong Kong, y por delante de todos los países occidentales.

Hoy nadie tiene que buscar en el extranjero un tratamiento porque no exista en España, dejando obviamente aparte los tratamientos experimentales aún no contrastados.

Como reflejo del nivel alcanzado por la sanidad española, el sistema de donación y trasplantes, dirigido por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), es reconocido como el mejor del mundo y ostenta un liderazgo global desde hace 26 años. De igual manera, nuestro sistema de Médicos Internos y Residentes (MIR), nuestra atención primaria o nuestro sistema de emergencias, son ejemplos de calidad que gozan de una amplia aceptación entre la población española.

Muchos de los resultados en salud no son solo consecuencia directa del sistema sanitario sino de la infraestructura general del país, del tratamiento de aguas, alcantarillado, alimentación, buenas condiciones higiénicas o buenas comunicaciones (¿alguien piensa que el sistema de trasplantes funcionaría igual sin la red de aeropuertos o carreteras que disponemos?). Eso también se lo debemos en gran medida al sistema democrático y conviene no olvidarlo. ¿Se ha hecho entonces todo bien? Evidentemente no.

La siempre presente desproporción oferta/demanda en un sistema de acceso libre y necesidades crecientes se traduce en tiempos de espera, a veces muy dilatados para acceder a intervenciones quirúrgicas no urgentes, consultas o exploraciones: el motivo más frecuente de quejas en sanidad.

Y si el acceso libre al sistema, una de sus virtudes, condiciona la espera, la descentralización, positiva para acercar las decisiones al entorno del paciente, ha traído consigo una descoordinación en muchos aspectos con aparición de barreras entre comunidades, donde antes no existían. Que este mal es evitable lo demuestra la ONT con su labor coordinadora, pero sin duda hoy constituye un problema no bien encauzado.

Un sistema muy escorado al tratamiento del proceso agudo, no se ha adaptado con suficiente agilidad a lo que hoy es su mayor reto: la atención al enfermo crónico. Vivimos más años y con mejor calidad de vida, pero ello requiere una atención médica continua y cada vez más demandante para la que no siempre se encuentra la solución más eficiente. Baste decir que el 5% de los pacientes crónicos complejos suponen la mitad de la hospitalización urgente para valorar la magnitud de un problema no resuelto y que solo una reconsideración del sistema con una potenciación de la atención primaria puede ayudar a solventar.

Con sus luces y sus sombras, el Sistema Nacional de Salud es uno de los activos más importantes que han aportado a España los 40 años de democracia. En todo caso, la mejor vacuna para prevenir críticas ante sus eventuales deficiencias es tener una experiencia de primera mano con las sanidades de otros países a los que se suele envidiar. Tras ella, seguro que apreciamos mejor la nuestra. Decididamente salud y democracia son dos términos que caminan bien juntos.

 

 

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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