Acercamiento de presos a Cataluña y nuevo referéndum sobre la mesa

Las fichas se mueven a un lado y otro del tablero cuando apenas falta una semana para que se reúnan los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Quim Torra, respectivamente. No será la primera vez que coinciden desde que el líder del PSOE relevara a Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo español, pero sí que será la primera vez que se citen para abordar el conflicto catalán. En las semanas previas al encuentro, que tendrá lugar el 9 de julio en la Moncloa, los dos bandos se han dedicado a rebajar la tensión existente y a crear un clima proclive para el diálogo.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra (i), inicia su ronda de contactos con líderes parlamentarios con el primer secretario del PSC, Miquel IceEl presidente de la Generalitat, Quim Torra (i), inicia su ronda de contactos con líderes parlamentarios con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, el pasado 8 de junio. EFE/Archivo/Andreu Dalmau

 

Marta Vergoñós

 

Quizá el más significativo de estos movimientos lo ha protagonizado el Gobierno central, que ha puesto en marcha el procedimiento para acercar a los presos soberanistas a cárceles catalanas.

Aunque el Ejecutivo lo ha querido desligar de la inminente reunión con Torra, es indudable que ayuda. Recordemos que hay nueve independentistas en prisión preventiva a más de 600 kilómetros de sus casas, lo que supone un gran desgaste personal y económico para las familias, en las que a menudo hay menores.

Son la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell; los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva; el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Oriol Junqueras; el presidente de Omniun Cultural, Jordi Cuixart; y el expresidente de otra entidad independentistas, ANC, Jordi Sànchez.

Concretamente, Instituciones Penitenciarias ha preguntado de forma oficial a Pablo Llarena, el juez instructor de la causa contra los líderes independentistas, si tiene previstas más diligencias contra ellos.

En caso de que la respuesta sea negativa, como la fase de instrucción está a punto de culminar, será cuestión de tiempo la llegada de los presos a centros ubicados en territorio catalán, ya que desde el Ministerio del Interior consideran que no tiene sentido mantenerles lejos de sus familias si el juez no les tiene que llamar más hasta el juicio.

Una vez se culminen los trámites pertinentes, su destino lo decidirá el Gobierno catalán, que es quien tiene las competencias penitenciarias en Cataluña. Esto ha provocado incomodidad entre los grupos más antiindependentistas, como Ciudadanos, que han alertado de que los presos recibirán un trato de favor.

El independentismo, por su parte, lleva semanas oscilando entre la mano tendida y las declaraciones duras. Por ejemplo, Torra ha anunciado que planteará a Sánchez un referéndum acordado con el Estado para resolver el conflicto soberanista. Esta petición no es inédita, sino que se ha hecho en incontables ocasiones y siempre con respuesta negativa.

Por ejemplo, lo reclamó en 2012 el expresidente Artur Mas, en 2014 varios diputados catalanes fueron a defender esta opción frente al Congreso, e incluso Carles Puigdemont insistió hasta el final en pactar el referéndum del 1 de octubre, que finalmente se celebró de forma unilateral. Sin embargo, ahora lo de ir por la vía rápida parece descartado.

Este tipo de manifestaciones del presidente catalán, que hace unos días apuntó que el independentismo está en “proceso de autocrítica” para aprender de los errores cometidos el pasado otoño, le alejan cada vez más de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). La formación anticapitalista apuesta por la vía unilateral y acusa al actual Gobierno catalán de hacer “autonomismo”.

En este contexto, resulta improbable que los cuatro diputados de la CUP se abstengan o voten a favor de las cuentas del Ejecutivo de Torra, tal y como hicieron con su investidura, lo que obligará al ‘president’ a buscar nuevos aliados si no se quiere ver obligado a convocar nuevas elecciones a corto plazo. EFE 

 

 

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