Castor, el Gobierno no desmantelará el almacén subterráneo

El Gobierno no desmantelará por el momento el almacenamiento subterráneo de gas Castor porque la situación en la zona está "estable" y porque los expertos consideran que sacar el gas conllevaría un alto riesgo, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Instalaciones terrestres del proyecto Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). EFE/Archivo/Jaume SellartInstalaciones terrestres del proyecto Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona). EFE/Archivo/Jaume Sellart

 

Esta es una de las principales conclusiones del informe encargado por Enagas al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

En 2013, el 14 de junio, el almacén subterráneo de Gas Natural Castor, ubicado frente a la costa de la localidad castellonense de Vinaròs, comenzó su actividad con los trabajos para el llenado de “gas colchón” de la infraestructura.

En septiembre fueron detectados una serie de micro-terremotos en la zona del delta del Ebro, frente a la costa y cerca de donde se ubica el almacenamiento.

Eso llevó a que días después el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenara el cese temporal de la actividad en la zona.
Concretamente, el 30 de septiembre se registró un seísmo de 3,9 grados y a una profundidad de 5 kilómetros, frente a la costa de Vinaroz (Castellón). Preocupación en el área de Sant Carles de la Rápita (Tarragona).

La sucesión de una veintena de seísmos, llevó a la Generalitat Valenciana a activar el Plan de riesgo sísmico y fueron varios los geólogos que relacionaron el almacén de gas con los sismos.

El entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló que los expertos habían concluido de forma preliminar que hay una “probabilidad alta de que haya una relación directa” entre las inyecciones de gas y los movimientos sísmicos de la zona.

A continuación, la Fiscalía de Castellón abría un proceso de investigación para esclarecer los sucesos.

En mayo de 2014, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirmaría que los más de 400 seísmos registrados tienen una “relación directa” con la inyección de gas. Y a mediados de octubre, octubre, el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley por el que se cierra temporalmente el almacén de gas, con el apoyo de los diputados populares y la oposición del resto de los grupos.

El PSOE presentó en enero de 2015 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que establecía el cierre temporal del almacén y la indemnización.

Lo que llevó al juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs la instrucción de la causa sobre si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto Castor, tras la licencia presentada por la Fiscalía de Castellón.

Así, el 26 enero el juez de Vinaròs abría la causa e imputó a 18 personas.

El proceso no se ha cerrado. En enero de 2016, la Comisión Europea pidió información al Gobierno español sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal (hibernación) del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

En el almacén, se dejó de inyectarse gas en septiembre de 2013, después de que se registraran cientos de seísmos en la zona. EFE-Doc

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