Bruselas recela de incertidumbre política y de incumplimientos españoles

Ocho años después de su comienzo, la crisis sigue dictando la política económica europea y el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de España ha puesto en alerta a Bruselas, también preocupada por la inestabilidad política.
El Gobierno de Rajoy, reunido el pasado 30 de mayo en La Moncloa, en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. EFE/Archivo/FernaEl Gobierno de Rajoy, reunido el pasado 30 de mayo en La Moncloa, en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. EFE/Archivo/Fernando Alvarado

Carlos Moral,

Previsiblemente la Comisión Europea va a conceder dos años más a España para que alcance la meta de reducir el déficit por debajo del 3 % (el límite será ahora 2018), pero ello va a suponer nuevos ajustes, una vigilancia más estrecha de las autoridades comunitarias y una posible sanción.
La interinidad que vive la política española, con el Gobierno en funciones y el país abocado a nuevas elecciones, también preocupa en la UE, temerosa de que la situación afecte a la economía, tanto por la incertidumbre que genera entre los agentes económicos como por las desviaciones presupuestarias que suelen producirse en periodo electoral.
La CE ya advirtió a España de que las cuentas aprobadas por el Gobierno para 2016 ponían en riesgo el objetivo de déficit y los datos le han dado la razón. El pasado año concluyó con un déficit del 5 % del PIB, en lugar del 4,2 % fijado, y en 2016 tampoco se alcanzará el 2,8 % previsto (el Gobierno calcula que se quedará en el 3,6 % y Bruselas en el 3,9 %).
Desde que emprendió la senda para reducir el déficit, España no ha cumplido ningún año el objetivo marcado, pero el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, subraya que en 2011, cuando llegó al Gobierno, ascendía al 9,3 % del PIB y que ahora se ha reducido casi a la mitad pese a que en dos de los ejercicios la economía española se mantuvo en recesión.
Bruselas es consciente del esfuerzo realizado por España, cuya política económica ha señalado en los últimos años como modelo de crecimiento, pero considera que algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno en 2015, con las elecciones como telón de fondo, iban en la dirección equivocada.
Amén de la rebaja tributaria, compensada por el crecimiento económico, la Comisión Europea señala el aumento del gasto público (inversiones, partidas destinadas a compensar a los funcionarios) como causa de la desviación en el objetivo del déficit.
El Gobierno imputa una parte sustancial del incumplimiento a las comunidades autónomas, que en 2015 acumularon en conjunto un déficit del 1,66 % del PIB, casi un punto más que el 0,7 % marcado. La Seguridad Social también superó su objetivo en 6 décimas.
El Ejecutivo ya ha aprobado acuerdos de no disponibilidad de crédito que comprometen a las comunidades autónomas y suponen un ajuste de 4.000 millones de euros (la CE lo cifra en 3.000). Para Bruselas esa cantidad es insuficiente, pero recela aún más de que el ajuste se cumpla, lo que exige “una ejecución estricta” y la implicación no sólo del Gobierno, sino también de las autonomías y las entidades locales.
Las dudas comunitarias se apoyan en la trayectoria de los últimos años. En el caso de las comunidades autónomas, la reducción del déficit ha avanzado poco desde el 1,86 % del PIB en 2012 al 1.66 % del pasado ejercicio. Incluso fue inferior en 2013 (1,57 %).
Los gobiernos autonómicos remarcan que tienen que hacer frente a las competencias de sanidad, educación y servicios sociales, partidas que generan los gastos más elevados y que se niegan a recortar.
Si el déficit de 2015 supuso un monto de 8.000 millones de euros por encima de los objetivos pactados con Bruselas, conseguir que se reduzca por debajo del 3 % en dos años exigiría un ajuste de más de 22.000 millones de euros. Una parte, si se cumplen las previsiones, saldrá del crecimiento económico, pero el resto requerirá nuevos recortes.
Con elecciones a la vista en menos de dos meses, difícilmente el Ejecutivo o cualquiera de sus rivales en la oposición va a asumir la puesta en marcha de nuevos sacrificios, pero las decisiones de Bruselas se han revelado inexorables y, más allá de quién gobierne, la Comisión vigilará muy de cerca el cumplimiento de sus demandas.
Aunque de momento el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, no se ha pronunciado sobre una posible sanción a España por déficit excesivo, que podría oscilar entre 0 y 2.000 millones de euros, se baraja la posibilidad de que al final se quede en un dictamen simbólico, sin cuantía económica, que afee el incumplimiento español, pero no grave sus arcas.
El Ejecutivo, amén de recordar que ningún país de la zona euro ha logrado una reducción tan rápida de su déficit como España en la última legislatura, argumenta que la inflación negativa ha tenido una influencia importante sobre la consolidación fiscal y que si los precios se hubieran comportado según las previsiones de Bruselas, 2015 hubiera acabado con un déficit del 4,3%.
Un argumento similar al utilizado en su día por Francia para evitar la multa y suavizar su objetivo de déficit cuando Moscovici era ministro de Economía francés.
La Comisión pronostica, en línea con el Gobierno, que la economía española seguirá creciendo (2,6 % en 2016 y 2,5 % el año próximo), pero ve riesgos de que la expansión se aminore, además de por la mencionada incertidumbre política, por las medidas necesarias que habrá que adoptar para corregir el desfase de 2015. EFE

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