Un nuevo revés para González en la privatización de la gestión de la sanidad madrileña

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de devolver los recursos sobre la privatización de la gestión de seis hospitales de Madrid a las respectivas secciones del tribunal que los tramitaban supone, además de un nuevo revés para el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la probable suspensión del proyecto, al menos en lo que resta de legislatura.
Protesta de la 'Marea Blanca' a favor de la sanidad pública y en contra de la privatización anunciada por la Comunidad de Madrid el 22 de septiembreProtesta de la "Marea Blanca" a favor de la sanidad pública y en contra de la privatización anunciada por la Comunidad de Madrid el 22 de septiembre de 2013. EFE/Archivo/Fernando Alvarado

Carlos Moral

El acuerdo del TSJM deja en una posición muy delicada al Gobierno regional, puesto que el proceso se dilatará, si es que no es finalmente invalidado por la Justicia, y ni siquiera una decisión judicial favorable a la privatización dentro de unos meses garantizaría dividendos políticos a González, porque la hipotética vuelta a las calles de las protestas de los manifestantes de la “marea blanca” sanitaria no favorecería sus aspiraciones para las elecciones autonómicas de mayo de 2015.

El plan presentado por González poco después de sustituir a Esperanza Aguirre en la presidencia regional (septiembre de 2012), que incluía también la privatización de la gestión sanitaria de 27 centros de salud y el cobro de un euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy en su contra), ha devenido en una sucesión de protestas y huelgas de los profesionales sanitarios, denuncias de irregularidades en el concurso de adjudicación y siete recursos judiciales.

El Gobierno regional considera que la privatización permitiría reducir los costes del sistema sanitario y garantizar su viabilidad sin poner en riesgo la titularidad pública, pero los colectivos del sector, los partidos de la oposición y los sindicatos ven en la iniciativa el primer paso para desmantelar una atención sanitaria pública de calidad y cuestionan que vaya a lograrse un ahorro efectivo.

El concurso para la adjudicación de los hospitales, que se resolvió el pasado mes de agosto, no estuvo exento de polémica: las empresas ganadoras (el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo, Ribera Salud y  Sanitas)  fueron las únicas que se presentaron y, cuatro días antes del fin del plazo, la Comunidad redujo considerablemente la cuantía del aval que las concesionarias debían presentar.

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